Por: Uriel Pérez García
La falta de credibilidad en la organización de las elecciones que tuvo su punto de inflexión en el proceso electoral de 1988, aunado al proceso de transición democrática que comenzó a suscitarse en diversas latitudes de América Latina a principios de la década de los ochenta, originó la creación y fortalecimiento de organismos que posibilitaran la celebración de comicios con un mayor margen de independencia y autonomía que devolviera la legitimidad al sistema político.
En este contexto, a nivel federal, el 11 de octubre de 1990 se crea el Instituto Federal Electoral como institución encargada de la organización y desarrollo de las elecciones en nuestro país, sentando un precedente importante en la creación de órganos autónomos, siendo que para 1996 dicho ente consolida la autonomía requerida para garantizar elecciones libres y auténticas en el país.
Aunque en el plano de las entidades federativas el avance fue más lento, cabe señalar que de igual manera en la década de los 90´s se erigieron lo que hoy conocemos como los Organismos Públicos Locales Electorales, pero que desde su surgimiento y hasta la reforma de 2014, gozaron de un menor margen de autonomía que les impidió desprenderse por completo de las inercias de las fuerzas políticas predominantes en cada entidad.
La creación de organismos electorales ha contribuido considerablemente a generar confianza en la ciudadanía, a construir reglas más claras; principalmente a partir del reconocimiento de un árbitro imparcial que regule las contiendas políticas siempre complejas, lo que sin duda ha sido una expresión clara de los avances de las reformas políticas que se han dado tanto a nivel federal como local.
No obstante, el camino no ha sido sencillo, pues como todo árbitro, la autoridad electoral es cuestionada de manera constante por cualquiera de los contendientes que de pronto se ve en desventaja y busca un culpable para justificar sus debilidades y errores, por lo que la creación de un sistema nacional electoral con mecanismos más homogéneos para la celebración de procesos electorales, fue uno de los elementos más significativos de la última reforma que además eliminó el margen de maniobra a los poderes locales.
Sin embargo, es indispensable señalar que precisamente el elemento de la desconfianza ha sido el motor principal para hacer cada vez más complejas las tareas de organización de elecciones que pasa por una serie de mecanismos que impactan en términos presupuestales, pero que si se prescindiera de estos, ese nivel de desconfianza sería aún mayor.
Pero por otra parte, es fundamental apuntar que gran parte del presupuesto que año con año se aprueba para la arena electoral, corresponde al financiamiento a los partidos políticos, mismo que desde 2014 se establece a nivel constitucional a partir de una fórmula que incrementó el dinero que se asigna a estos organismos políticos y que hasta hoy no se ha mostrado voluntad por parte de las y los legisladores por proponer una modificación en este aspecto.
Finalmente, hay que señalar que desde cualquier esfera tanto pública como privada, el nivel de independencia que permite mayores márgenes de operación y maniobra se posibilita en la medida en que se cuente con mayor autonomía presupuestal, de modo que los órganos autónomos como los electorales, deben tener clara independencia legal, presupuestal y operativa para dar certeza a la ciudadanía y a los propios actores políticos, que su actuación sólo está enmarcada en la legalidad.
A 31 años del surgimiento del Instituto Federal Electoral, hoy INE, debe apuntarse a que las posibles modificaciones al ordenamiento jurídico e institucional, tienen que orientarse al fortalecimiento de la vida orgánica de la institución, respetando y fortaleciendo la plena autonomía y no lo contrario, puesto que sin duda, en una sociedad democrática los procesos electorales tienen la función de que la ciudadanía elija a sus candidatos y partidos de su preferencia en un marco de equidad.
Por tanto, es necesario que cuando de una reforma electoral se hable, se garantice un marco constitucional y legal que dé plena certeza a un sistema político que requiere continuamente la revitalización a través del reconocimiento a las diferencias políticas y al diálogo como mecanismo apropiado para la construcción de sociedades libres y democráticas y no a partir de imposiciones que solo minen el avance y amenazan con el retroceso de tres décadas de transitar por los senderos de la democracia.
