El gobierno ha presentado una moción de última hora para garantizar el pago de aguinaldos del Ministerio de Educación Pública (MEP) a través del sexto presupuesto extraordinario del 2024, utilizando recursos provenientes de la partida destinada al pago de intereses de la deuda pública.
Esta moción incluye un monto adicional de ¢18.743 millones, que se suman a los ¢20.222 millones ya contemplados por el Ministerio de Hacienda en el presupuesto base enviado a la Asamblea Legislativa.
La propuesta ha generado tensiones entre la diputada oficialista Pilar Cisneros y varios legisladores de la oposición, incluyendo a Paulina Ramírez y Gilbert Jiménez del Partido Liberación Nacional (PLN); Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y José Pablo Sibaja del Partido Nueva República (PNR).
Los opositores han criticado a Cisneros, recordando que el gobierno anteriormente cuestionó a los legisladores por redirigir fondos de intereses de la deuda a otras necesidades, tal como está planteando ahora el PLN con la intención de agregar ¢11.500 millones al Fondo Especial para la Educación (FEES) del 2025.
En defensa de su moción, la jefa de la bancada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) argumentó que, a diferencia de las ocasiones anteriores, la oposición había realizado ajustes presupuestarios sin certeza sobre la existencia de ahorros en la partida de intereses de la deuda. En contraste, los recursos de su propuesta provienen de ahorros ya verificados en el año 2024.
Por su parte, Paulina Ramírez sostiene que el gobierno sobreestima los intereses de la deuda, justificando así la redirección de recursos hacia inversiones sociales y gastos en seguridad.
Finalmente, tras la aprobación de la moción, la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios dictaminó de manera unánime el sexto presupuesto extraordinario del año, que también incluye asignaciones de ¢32.977 millones para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), así como ¢15.000 millones destinados a la seguridad ciudadana.
Fuente: Nación