En la más reciente sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Jaime Rivera Velázquez señaló una “paradoja significativa” respecto a las próximas elecciones judiciales: a pesar de la baja participación proyectada para el 1 de junio, el INE ha recibido un volumen récord de solicitudes para actuar como observadores electorales.
“Esperamos que este interés por observar sea auténtico y no se utilice como un mecanismo de vigilancia o presión hacia los votantes”, advirtió Rivera Velázquez.
Actualmente, el INE ha recibido 316,498 solicitudes para observación, cifra que contrasta notablemente con las 34,000 registradas en el proceso federal 2023-2024, el más extenso en la historia electoral del país. En aquel proceso, cerca de 60 millones de ciudadanos participaron para renovar más de 20 mil cargos, incluida la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión.
Para las elecciones judiciales, Morena prevé una participación aproximada de 20 millones de votantes, apenas un tercio de la registrada en junio de 2024. Sin embargo, el INE ya ha acreditado a 131,239 observadores, una cantidad cinco veces superior a los 25,585 autorizados hace un año.
De las solicitudes recibidas, 62,000 han sido rechazadas por no cumplir con los criterios establecidos. Entre ellas, 48,360 solicitudes fueron descartadas debido a que los aspirantes son militantes de partidos políticos —principalmente Morena y sus aliados— quienes tienen prohibida cualquier participación en estas elecciones.
Este volumen inusual de solicitudes ha generado sospechas sobre la posible movilización de estructuras partidistas, particularmente del oficialismo, como parte de una operación electoral encubierta.
“La cantidad de solicitudes para observar la elección del Poder Judicial es extraordinaria”, afirmó Rivera Velázquez, quien añadió que estas circunstancias plantean interrogantes que el INE podría no tener los recursos suficientes para resolver plenamente.
Este escenario pone en alerta al organismo electoral sobre los riesgos de que la observación se utilice con fines distintos a la transparencia y legitimidad del proceso, y subraya la complejidad de garantizar la imparcialidad en una elección con baja afluencia y alta expectativa política.
Fuente: Proceso
