La Cámara de Diputados aprobó este martes una reforma que habilita a integrantes de la Guardia Nacional a competir por cargos de elección popular y establece su incorporación plena a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encendiendo nuevamente el debate sobre la militarización de las funciones de seguridad pública en México.
Con 349 votos a favor, 132 en contra y sin abstenciones, el pleno avaló el dictamen que forma parte de un paquete de reformas impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El proyecto fue remitido al Senado para su discusión y posible ratificación.
La nueva legislación estipula que los elementos de la Guardia Nacional que aspiren a una diputación federal deberán separarse del cargo 90 días antes del proceso electoral. En el caso de candidaturas presidenciales, la separación deberá efectuarse con un mínimo de seis meses de anticipación.
La Guardia Nacional fue creada en 2019 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como una corporación de seguridad de carácter civil, adscrita originalmente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. No obstante, desde su origen ha operado con un perfil marcadamente militar y buena parte de su personal proviene de las Fuerzas Armadas.
La reforma aprobada este martes da cumplimiento a lo dispuesto en el decreto publicado el 30 de septiembre de 2024, que modificó la Constitución para transferir el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a Sedena.
Durante la sesión, legisladores de Movimiento Ciudadano expresaron su rechazo a la iniciativa, al considerar que no se abrió un proceso suficiente de análisis y discusión. El diputado Pablo Vázquez Ahued advirtió que su bancada teme un “fast track” para aprobar el resto de las 15 iniciativas presidenciales, dos de ellas también vinculadas con temas de seguridad.
Laura Ballesteros, también de Movimiento Ciudadano, acusó que la reforma representa un paso hacia la militarización del país: “Esta iniciativa no solo permite que miembros de la Guardia Nacional participen en elecciones, sino que también puedan asumir funciones en los tres niveles de gobierno. Esto representa el fin del Estado civil en México”, afirmó desde la tribuna.
Especialistas en seguridad han señalado que esta serie de reformas representa un viraje estructural respecto al sexenio anterior. José Oliva Posada, analista en temas de seguridad nacional, sostuvo que las nuevas normas buscan corregir lo que calificó como la “ausencia de estrategia” del pasado reciente. Por su parte, Gerardo Rodríguez, académico de la Universidad de las Américas, consideró que México se alinea con modelos internacionales donde la policía nacional tiene formación militar, como en Colombia o Italia.
Desde Palacio Nacional, la consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy, defendió la iniciativa y aclaró que no contempla vigilancia indebida sobre ciudadanos. “No se invaden datos personales ni se intervienen comunicaciones privadas. Se trata de una herramienta que busca robustecer las investigaciones y la judicialización de delitos”, afirmó en conferencia de prensa.
La presidenta Sheinbaum, por su parte, subrayó que el eje de su política de seguridad es la coordinación entre fiscalías y corporaciones para reducir la impunidad. “Lo que buscamos es que las instituciones trabajen juntas, no por separado, y que se fortalezcan las capacidades del Ministerio Público”, afirmó.
El paquete de seguridad incluye además dos reformas pendientes de votación esta semana: la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que sustituirá a la norma vigente desde 2009, y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública.
Fuente: CNN
