La reciente elección de jueces realizada el 1 de junio ha intensificado la atención internacional sobre México debido a múltiples irregularidades que, según expertas en justicia, violan normas y tratados internacionales vinculados a la independencia judicial.
Azul Aguiar, profesora del ITESO y especialista en derechos humanos, afirma que la reforma impulsada por el gobierno de López Obrador transgrede tratados como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles, los cuales garantizan una justicia independiente y la autonomía de los jueces.
Para Aguiar, la votación de junio fue una clara captura del Poder Judicial por parte de Morena, lo que pone en riesgo la división de poderes en el país. Además, anticipa que México podría ser sancionado por tribunales internacionales en los próximos años por la destitución masiva de jueces y la designación de candidatos afines al oficialismo.
Úrsula Indacochea, abogada peruana y observadora del proceso, señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión de Venecia y eventualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen suficientes argumentos para continuar investigando la reforma y exigir responsabilidades al Estado mexicano.
La relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, incluso ha alertado que este método de selección judicial puede facilitar la infiltración del crimen organizado en la justicia.
Pese a estas advertencias, el gobierno mexicano ha mostrado desdén hacia las recomendaciones internacionales, como lo evidenció la presidenta Claudia Sheinbaum al rechazar el informe preliminar de observadores de la OEA, que desaconsejaba replicar el modelo de elección popular de jueces.
En mayo, 14 jueces del Poder Judicial de la Federación presentaron una denuncia ante la CIDH, documentando violaciones a sus derechos y acusando que la reforma judicial busca politizar y controlar la judicatura, afectando principios como la independencia y la igualdad.
La denuncia, respaldada por el Vance Center for International Justice, busca reparaciones para los afectados y promover mejores estándares de independencia judicial en la región.
La presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, María Emilia Molina, reconoce que es tarde para revertir los daños causados, pero aún es posible repararlos.
Asimismo, Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, resalta que los resultados electorales confirman los temores sobre la cooptación de cargos judiciales por parte de Morena y otros intereses, y que se continuará denunciando esta situación ante organismos internacionales.
Recientemente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU aceptó una denuncia sobre la afectación a la independencia judicial en México, mientras que investigaciones civiles señalan que personas vinculadas a grupos polémicos, como La Luz del Mundo, accedieron al Poder Judicial tras la elección.
La abogada Camacho enfatiza que, aunque el litigio internacional puede tardar años, ya es fundamental denunciar en esos espacios las irregularidades y el impacto de la reforma que ha consolidado la captura del Poder Judicial, evidenciando la pérdida de contrapesos democráticos.
Para Indacochea, México se ha arriesgado gravemente al apostar por una elección popular de jueces, y ahora enfrenta un proceso de escrutinio y posible sanción internacional que marcará el futuro de su sistema judicial.
Fuente: Proceso
