Costa Rica
El Gobierno de Costa Rica anunció este martes la ampliación de una categoría migratoria humanitaria que beneficiará a un grupo de migrantes de diversas nacionalidades, deportados desde Estados Unidos en febrero pasado y que permanecen varados en el país.
La medida incluye ahora el permiso para trabajar, lo que facilitará la integración económica de estas personas en territorio costarricense, informó Omer Badilla, director general de Migración. “Se publicó una prórroga de seis meses para esta categoría humanitaria, que garantiza un estatus migratorio regular y el derecho a laborar, permitiendo una inserción más dinámica en el país”, declaró.
En febrero, Costa Rica recibió dos vuelos con 200 migrantes deportados desde Estados Unidos, entre ellos 81 menores de edad, originarios de países como Nepal, China, Rusia, India, Congo, Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán, Turquía, Uzbekistán y Vietnam.
Esta acción se derivó de un acuerdo bilateral firmado durante la administración de Donald Trump, que estableció a Costa Rica como punto de tránsito para que los migrantes retornaran a sus países de origen o a terceros.
Los migrantes fueron alojados en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), ubicado en el sur del país, cerca de la frontera con Panamá. Mientras cerca del 50% retornó voluntariamente a sus países, otros solicitaron refugio, abandonaron el centro o permanecen voluntariamente.
Actualmente, 25 personas continúan en el Catem y, con la nueva categoría migratoria, cuentan con libre movilidad y pueden buscar empleo formal.
La recepción de estos migrantes generó polémica nacional, con denuncias de organizaciones no gubernamentales que acusaron al Estado costarricense de violaciones a los derechos humanos, especialmente por la restricción de movimiento dentro del Catem durante más de dos meses, hasta la implementación en abril de la categoría humanitaria.
Un informe conjunto del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica (SJM-CR) y American Friends Service Committee (AFSC) señaló que el Estado “detuvo arbitrariamente” a estas personas, les negó información adecuada, no aplicó evaluaciones individuales de protección internacional y no ofreció atención integral, incluida asistencia psicológica.
Fuente: SWI
