La Corte Suprema de Brasil aseguró este miércoles que existen “indicios graves” contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros 33 acusados por el intento de golpe de Estado de 2023, al tiempo que garantizó un juicio justo y enmarcado en el debido proceso legal.
La máxima instancia judicial del país respondió así a las recientes sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra el magistrado Alexandre de Moraes, responsable de instruir las causas vinculadas al exmandatario. Washington acusa a De Moraes de liderar una "campaña opresiva" mediante detenciones arbitrarias y procesos judiciales politizados.
En un comunicado oficial, el Supremo Tribunal Federal (STF) enfatizó que su papel es el de “cumplir la Constitución y las leyes del país” y que todos los implicados en el caso, incluido Bolsonaro, “tendrán garantizado un juicio justo”.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones al magistrado bajo la Ley Magnitsky, diseñada para castigar a extranjeros acusados de corrupción o violaciones a los derechos humanos. Además del congelamiento de bienes en suelo estadounidense, se prohíbe a ciudadanos y entidades de ese país realizar transacciones con De Moraes. Según medios brasileños, el juez no posee activos en Estados Unidos.
Estas sanciones se suman a la reciente revocación de las visas estadounidenses del magistrado y de su familia directa, adoptada por el Departamento de Estado el pasado 18 de julio.
El STF rechazó los señalamientos, argumentando que las decisiones de De Moraes han sido ratificadas por el pleno del tribunal, incluida la imposición de una tobillera electrónica y restricciones digitales contra Bolsonaro. Según la Corte, el Ministerio Público ha presentado pruebas sustanciales —como grabaciones, documentos y testimonios— que sustentan las acusaciones por delitos que, además del intento de golpe, incluyen la conspiración para asesinar a autoridades públicas.
El contexto se enmarca en un aumento de tensiones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos, particularmente tras la imposición del arancel del 50 % a productos brasileños ordenado por el presidente Donald Trump, del cual ciertos bienes fueron finalmente eximidos.
“El juzgamiento de crímenes que representan una amenaza grave contra la democracia brasileña es una prerrogativa exclusiva del Poder Judicial nacional”, subrayó el comunicado del STF.
Fuente: SWI
