Sheinbaum envía al Congreso paquete completo de reforma política sin concesiones
La presidenta Claudia Sheinbaum formalizó este miércoles la remisión al Congreso de la Unión de su iniciativa de reforma política, que contiene cambios estructurales al sistema electoral y administrativo del país. El documento —que el Poder Legislativo tiene ahora dos meses para analizar— preserva los ejes definidos por la titular del Ejecutivo sin concesiones a presiones de aliados parlamentarios.
El proyecto contempla modificaciones a 11 artículos constitucionales con el objetivo de transformar aspectos centrales del régimen electoral, entre ellos la reducción del financiamiento público a los partidos, la reestructuración de la Cámara de Senadores y la redefinición de las listas plurinominales en la Cámara de Diputados.
Puntos centrales de la reforma:
- Financiamiento político: propone disminuir aproximadamente 25 % el monto de recursos públicos destinados a los partidos, ajustando la fórmula de cálculo vigente.
- Senado y plurinominales: elimina 32 escaños en el Senado que eran asignados por representación proporcional y redefine cómo se integran las diputaciones plurinominales, con combinaciones de criterios de votación directa y de mejor porcentaje electoral.
- Instituciones electorales: mantiene al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los organismos públicos locales electorales (OPLE) como entidades autónomas; sin embargo, introduce medidas para ajustar procesos como los cómputos distritales y los tiempos oficiales de campaña.
El Ejecutivo incluyó normas sobre el uso de inteligencia artificial en comunicación política, etiquetado de contenidos electorales y mecanismos para fortalecer la fiscalización contra el financiamiento ilícito.
Sheinbaum presentó la iniciativa acompañada de su llamado “Decálogo por la Democracia”, que resume los objetivos de la reforma y enfatiza la percepción de que el sistema actual está lejano de la ciudadanía.
Escenario legislativo complejo
La propuesta enfrenta rechazo anticipado de al menos dos partidos aliados del oficialismo —el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT)—, decisiones que complican la posibilidad de alcanzar la mayoría calificada necesaria para aprobar cambios constitucionales.
Ante este contexto, la presidenta anunció que su administración cuenta con un “plan B” para asegurar avances en reformas incluso si no se logra la aprobación en estos términos. No detalló en qué consistiría la alternativa, pero advirtió sobre el costo político de un eventual rechazo.
El proyecto ahora fue turnado a comisiones de la Cámara de Diputados y se prevé que el dictamen pudiera estar listo en las próximas semanas para su discusión en el pleno.
