Redacción: Encapsulados
Bolivia, 11 de Noviembre 2021
La aprobación en agosto de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, más conocida como “ley madre”, desató una ola de protestas en las calles de Bolivia que puso en una encrucijada al Gobierno de Luis Arce.
Esta ley, sumada a otra que iba en el mismo sentido y fue dada de baja por el Gobierno (la 218), fue calificada como “maldita” por gremialistas y comerciantes, que alertaron de los riesgos dado a que apunta a controlar los bienes de las personas bajo el argumento de que no deben tener orígenes dudosos.
Distintos sectores temen que la normativa sea instrumentalizada para incautarse de bienes y de propiedades a la sola sospecha de que son ilícitos, sin cumplir previamente el derecho constitucional al debido proceso o respetar el principio de inocencia.
Algunas de las organizaciones que convocaron al paro nacional que empezó el lunes pasado consideran que la “ley madre” es una copia del modelo venezolano, que apunta a un duro control estatal de los ciudadanos y a la persecución judicial de los adversarios políticos con el pretexto de la búsqueda de transparencia y la lucha contra la corrupción.
El rechazo a la “ley madre” provino principalmente de sectores que apoyaron antes al gobierno del MAS, como son los gremialistas, los transportistas y, últimamente, los mineros cooperativistas.
Los empresarios también lanzaron el alerta y los cívicos decidieron respaldar las protestas mediante un paro, al considerar que el Gobierno apunta a la “venezolanización” de Bolivia.
Fuente: Infobae
