Colombia
La entrega de ambulancias al departamento de Antioquia por parte del Gobierno nacional desató una controversia que ha escalado a nivel político y mediático. Mientras el presidente Gustavo Petro afirmó que los vehículos son completamente nuevos, varias autoridades locales y el propio gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, han salido al paso para desmentir la versión oficial.
La polémica tomó fuerza el domingo 25 de mayo, cuando el mandatario publicó en su cuenta de X (antes Twitter) imágenes de los vehículos y anunció la entrega de 23 ambulancias, además de la próxima llegada de otras 13 unidades. Según Petro, esta dotación forma parte de una estrategia para fortalecer la atención en salud en zonas rurales, que incluye más de 1.300 equipos médicos y 5.000 profesionales desplegados en el territorio.
Sin embargo, el anuncio fue cuestionado de inmediato por autoridades regionales y municipales. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó la entrega como un “reencauche” y aseguró que muchas de las ambulancias fueron entregadas anteriormente y presentan signos de uso evidente. “Presidente Petro, qué penoso decirle que lo que usted presenta hoy como una gran entrega es un reencauche: en realidad las ambulancias están en uso desde 2023 y la Gobernación puso más de la mitad de los recursos”, señaló Rendón en sus redes sociales.
A las críticas del gobernador se sumaron los testimonios de varios alcaldes del departamento. Sebastián Garcés, alcalde de Jericó, indicó que las ambulancias ya habían sido entregadas en 2023: “Como alcalde del municipio de Jericó indico y aclaro que estas ambulancias fueron entregadas al ente territorial en el año 2023 y no en 2025”.
Por su parte, Wilser Molina, alcalde de Amagá, expresó su molestia ante lo que consideró un mensaje engañoso del Gobierno nacional. “Debo decir que en nuestro periodo no se ha entregado ninguna ambulancia y no se ha apoyado en absolutamente nada. Esas ambulancias fueron entregadas en 2023”, afirmó.
En la misma línea se pronunció el alcalde de Cocorná, David Alejandro Hoyos, quien señaló categóricamente que “no es cierto que se han entregado ambulancias nuevas en este Gobierno a la administración municipal”.
Una investigación de Infobae Colombia reveló que algunos de los vehículos mencionados por el presidente y mostrados también por el gobernador están registrados en el RUNT con matrículas expedidas entre enero y octubre de 2024. Asimismo, el SOAT de las ambulancias aparece vigente desde este año, lo que da pie a la narrativa del Ejecutivo de que se trata de vehículos nuevos.
Aun así, el gobernador Rendón insistió en que el estado físico de varios vehículos es deficiente, e incluso aseguró que algunos necesitan cambio de llantas. Además, subrayó que el acto de entrega fue presentado de manera engañosa y con fines políticos, acusando al Gobierno de intentar capitalizar obras financiadas en su mayoría por la administración departamental.
En medio de los cruces de versiones, el presidente Petro publicó una nueva declaración en la que preguntó directamente: “¿Quién dice mentiras?”, adjuntando registros de los vehículos modelo 2024 como prueba de su afirmación.
El gobernador respondió replicando el testimonio del alcalde de Jericó, y planteó nuevamente la duda sobre la intención del evento: “Presidente Petro, ¿las ambulancias son nuevas o eran un reencauche para un evento político?”
De acuerdo con cifras verificadas por El Colombiano, la adquisición de las ambulancias tuvo un costo total de 8.266 millones de pesos. De ese monto, la Gobernación de Antioquia aportó 4.586 millones, mientras que el Ministerio de Salud destinó 2.699 millones. Esto indicaría que el departamento asumió la mayor parte del financiamiento de la dotación.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Salud ni la Gobernación han emitido un pronunciamiento conjunto que clarifique con precisión la fecha exacta de entrega ni la condición real de los vehículos.
La controversia pone de manifiesto la creciente tensión entre el Gobierno nacional y las autoridades regionales, en un contexto donde la narrativa institucional se disputa no solo en los escenarios administrativos, sino también en el terreno simbólico de la opinión pública.
Fuente: Infobae