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México
La violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual persisten como una realidad preocupante en el Poder Judicial de la Federación (PJF), donde diversas voces han comenzado a visibilizar lo que por años se ha mantenido oculto bajo una cultura institucional de silencio y subordinación. Así lo advierte un artículo publicado por la analista Ariadna Camacho Contreras, quien expone el carácter estructural de estas prácticas en las instituciones públicas del país.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, el 27.9 % de las mujeres que han trabajado alguna vez en su vida han sufrido algún tipo de violencia en el entorno laboral. Esta cifra refleja una problemática nacional, pero también apunta directamente a instancias como el PJF, donde el abuso de poder y las relaciones jerárquicas desiguales han generado entornos laborales adversos, especialmente para las mujeres.
“Muchas víctimas no denuncian por temor a perder su empleo o sufrir represalias”, señala Camacho, subrayando cómo el miedo, el estigma y la falta de mecanismos eficaces de protección perpetúan estas dinámicas. A ello se suma una estructura vertical que, lejos de propiciar condiciones equitativas, refuerza prácticas de control y dominación.
El artículo hace una distinción clave entre el acoso sexual y el hostigamiento sexual. El primero incluye conductas sexuales no consentidas —verbales, físicas o simbólicas— que generan ambientes hostiles, sin requerir una relación jerárquica. El hostigamiento, en cambio, ocurre cuando el agresor ostenta una posición de poder y la utiliza para obtener favores sexuales, lo cual evidencia la manipulación de jerarquías institucionales para fines personales.
Expertos en derechos laborales y género coinciden en que es urgente implementar políticas integrales que garanticen ambientes seguros en el sector público, incluyendo protocolos eficaces de denuncia, sanciones ejemplares y una transformación cultural profunda que erradique la normalización de la violencia y el abuso.
La denuncia social y el periodismo de investigación se vuelven entonces herramientas clave para dar visibilidad a estas prácticas y exigir rendición de cuentas en uno de los pilares del Estado mexicano: el sistema de justicia.
