En un esfuerzo por salvaguardar la integridad del proceso electoral en Colombia, la Defensoría del Pueblo presentó este lunes un decálogo de principios orientado a promover elecciones en paz, con el respaldo de la Conferencia Episcopal, Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El documento fue suscrito en Bogotá por representantes de partidos, movimientos políticos y candidatos, y establece nueve compromisos esenciales que apuntan a una contienda libre de violencia, desinformación y discursos de odio.
“La piedra angular de este acuerdo es el respeto por la vida, incluso la del adversario político”, enfatizó Carlos Camargo, defensor del Pueblo. “No puede haber espacio para la violencia ni para la estigmatización en una democracia sólida”.
La hoja de ruta surge como respuesta a hechos recientes que han puesto en riesgo la seguridad de los aspirantes, como el atentado contra el precandidato Miguel Uribe, y busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Entre los compromisos firmados destacan la defensa del pluralismo político, el rechazo a las noticias falsas como estrategia de campaña, y la promoción de un lenguaje respetuoso, alejado de expresiones racistas, discriminatorias o agresivas.
Un punto clave del acuerdo es la lucha contra la desinformación, con un llamado claro a los actores políticos para que difundan información veraz y eviten fomentar el acoso en redes sociales. Además, se hace énfasis en la inclusión activa de los jóvenes, tradicionalmente excluidos del debate político, reconociendo su papel fundamental en la construcción democrática.
El documento también reafirma el derecho a la protesta pacífica como expresión legítima dentro del marco constitucional colombiano.
La Misión de Observación Electoral (MOE) será la encargada de monitorear el cumplimiento de este pacto, en coordinación con las entidades convocantes, y emitirá alertas tempranas y recomendaciones ante posibles violaciones.
Finalmente, la Defensoría hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad —incluyendo los poderes públicos, medios de comunicación, organizaciones sociales y la academia— a sumarse a esta iniciativa nacional. El objetivo es claro: garantizar unas elecciones transparentes, pacíficas y legítimas en todo el territorio colombiano.
Fuente: Semana
