El gobierno de Brasil, encabezado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enfrenta obstáculos en el Congreso para avanzar con su ambicioso plan fiscal. Tras la reciente revocación en la Cámara de Diputados del decreto que incrementaba los impuestos IOF sobre transacciones financieras, el Ejecutivo opta por una estrategia de negociación para evitar una paralización total de sus propuestas tributarias.
El decreto cuestionado forma parte de un paquete fiscal integral que busca recaudar cerca de 50,000 millones de reales (equivalentes a 9,100 millones de dólares) en un plazo de dos años. Este plan combina aumentos impositivos y la eliminación de exenciones fiscales que, según el gobierno, representan distorsiones significativas en el sistema tributario y un costo anual estimado en 800,000 millones de reales para las arcas públicas.
Pese a la resistencia política, el equipo económico sostiene que la reducción de incentivos fiscales ya aborda las preocupaciones sobre el gasto público, y que modificar la estructura tributaria es crucial para ampliar el margen fiscal necesario para nuevas inversiones y prioridades sociales.
El presidente de la Cámara, Hugo Motta, quien inicialmente apoyó la iniciativa, frenó la votación tras manifestar su inconformidad por retrasos en la asignación de fondos parlamentarios, conocidos como enmiendas, que financian proyectos regionales de los legisladores. La liberación de estos recursos podría ser clave para fortalecer el respaldo político al plan fiscal, reconocen fuentes cercanas al proceso.
En respuesta a las críticas y a la volatilidad en los mercados, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, ha ajustado la propuesta original. Ahora plantea una versión simplificada del aumento del impuesto IOF, acompañado de un incremento en la tributación sobre ingresos por inversiones y otras medidas fiscales, buscando un equilibrio entre la recaudación esperada y la estabilidad económica.
Con miras a 2025, año en que Brasil aspira a eliminar su déficit fiscal primario, el gobierno prioriza un diálogo abierto con el Legislativo para encontrar consensos que permitan consolidar las finanzas públicas sin comprometer el crecimiento ni la estabilidad política.
Fuente: Infobae
