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Paraguay
En respuesta al incremento de hechos violentos en el país, el diputado opositor Rubén Rubin presentó el “Plan de emergencia de seguridad nacional”, una propuesta legislativa que contempla medidas severas para combatir la criminalidad. Entre los ejes principales figuran la posibilidad de juzgar penalmente como adultos a adolescentes desde los 14 años, la aplicación de la cadena perpetua para homicidas, un programa de rehabilitación forzosa para adictos y el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad interna.
Rubin propone una reforma al Código de la Niñez para permitir que menores de entre 14 y 17 años que cometan homicidios sean juzgados bajo los mismos criterios que los adultos. “Los menores asesinos deben ser juzgados como adultos”, sostuvo el legislador, argumentando que el marco legal actual otorga impunidad a delitos graves cometidos por adolescentes.
En un segundo eje, el diputado plantea la creación de un programa de rehabilitación forzosa para personas con adicción a drogas, comenzando por Asunción y el Departamento Central. “Durante demasiado tiempo, los chespis atormentaron a los paraguayos de bien. Este plan busca salvar las almas de los jóvenes contaminados por el crack”, expresó. Rubin insistió en que la intervención del Estado debe ser firme: “Vamos a sacar de las calles a los adictos y los vamos a rehabilitar. Si no es por las buenas, será por las malas”.
El tercer punto del plan promueve la incorporación de la cadena perpetua en el ordenamiento jurídico paraguayo para quienes cometan homicidio. El diputado considera que “quien se atreve a quitarle la vida a un paraguayo debe perder su libertad de por vida”. Afirmó que la medida no viola la Constitución, al interpretar que esta no impide su implementación: “Ni siquiera creo que me limite para una pena de muerte”, señaló, apelando al artículo 20 de la Carta Magna que menciona la protección social y la readaptación del condenado como fines de la pena.
El cuarto componente del plan prevé el involucramiento de los militares en tareas de seguridad ciudadana, especialmente en áreas escolares. Según la propuesta, los efectivos castrenses custodiarían instituciones educativas y espacios públicos cercanos. “Ellos serán la barrera que va a proteger a nuestros niños”, explicó.
La iniciativa legislativa enfrenta resistencia entre sus pares en el Congreso, tanto por su contenido como por los desafíos constitucionales que implicaría su aprobación. La eventual implementación requeriría reformas a varias leyes orgánicas, revisiones al texto constitucional y la evaluación de su compatibilidad con tratados internacionales ratificados por el país en materia de derechos humanos.
Rubin, sin embargo, sostiene que su propuesta está enfocada en proteger a la ciudadanía y responder con firmeza a la creciente inseguridad. “La Constitución tiene que proteger a los paraguayos de bien, no a los delincuentes”, concluyó.
Fuente: Última Hora
