Perú
En un contexto donde el Congreso ha aprobado un aumento gradual del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) y el Ejecutivo prepara un nuevo crédito suplementario para las municipalidades, la ejecución del presupuesto en los gobiernos locales continúa siendo muy baja. De los 1,891 alcaldes provinciales y distritales del país, solo 443 han logrado gastar más del 30% de sus recursos en proyectos de inversión —es decir, obras excluyendo gastos en planillas—.
Esto significa que el 76% de los alcaldes no ha superado ni siquiera el 30% de ejecución en inversión pública para el primer semestre de 2025, dejando en evidencia un problema serio en la gestión y utilización de recursos.
El economista y profesor de posgrado de la Universidad del Pacífico, Gustavo Jiménez, alertó que en 2024 los gobiernos locales dejaron de comprometer alrededor de S/ 8,400 millones, de los cuales aproximadamente S/ 6,500 millones correspondían a proyectos de inversión. Además, en 2023 se devolvieron al Tesoro Público unos S/ 9,550 millones, con S/ 8,500 millones destinados a obras que no se concretaron.
Por su parte, Gabriela Espinar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), calificó la situación como preocupante y destacó que en regiones como Áncash, Amazonas, Cajamarca e incluso Lima, la ejecución presupuestal en inversión pública apenas llega al 5%. “Hay municipios que a estas alturas del año solo han ejecutado el 2% de su presupuesto, lo que implica una gran cantidad de recursos que no están generando ningún beneficio tangible para la población”, explicó.
Espinar también señaló que no solo la cantidad, sino la calidad del gasto es un problema, ya que más del 70% de las obras paralizadas están relacionadas con deficiencias en la ejecución y supervisión.
En cuanto a las medidas del Ejecutivo, el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, afirmó durante el Día 1 Summit que el nuevo crédito suplementario del MEF estará destinado a la continuidad de proyectos de inversión. Además, mencionó que las municipalidades con bajos niveles de ejecución deben ser acompañadas, especialmente considerando el aumento gradual del Impuesto al Patrimonio Municipal, que pasará de un 2% a 4%.
A junio de 2025, solo un gobierno regional —el de Junín, a cargo de Zósimo Cárdenas— ha superado el 50% de ejecución de su presupuesto para proyectos de inversión. En contraste, gobernadores como César Acuña (La Libertad) y Antonio Pulgar (Huánuco) presentan niveles muy bajos, con ejecuciones de 18.5% y 16.3% respectivamente.
En Lima, la realidad también es dispar. El alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, advirtió sobre los riesgos de que la distribución de recursos del nuevo crédito suplementario responda a intereses políticos más que a criterios técnicos. “Los municipios que han demostrado capacidad ejecutora deberían recibir mayores recursos. Reasignar fondos a quienes no han podido ejecutar lo asignado no parece justo ni eficiente”, señaló durante el Día 1 Summit.
De hecho, entre los diez distritos con menor ejecución en Lima, ocho han recibido incrementos presupuestales este año, algunos superiores al 100%, pero sin lograr mejorar sustancialmente el gasto. Por ejemplo, en Jesús María, el alcalde Jesús Gálvez explicó que el bajo nivel de ejecución (13.4% de S/ 6 millones) se debe a que recién en el segundo semestre comenzarán a ejecutarse las obras, tras completar estudios y recibir transferencias que se han demorado.
En La Molina, con un presupuesto incrementado en un 133%, la alcaldía liderada por Diego Uceda reporta solo un 14.7% de ejecución. Desde su equipo explican que las obras se pagan conforme avanzan, lo que demora el gasto inicial.
San Isidro, con menos del 10% ejecutado, afirma que el bajo ritmo es parte del plan: los proyectos clave comenzarán en agosto, una vez concluidos los procesos técnicos y licitaciones. Entre sus iniciativas están la construcción de un nuevo local para OMAPED y un centro de operaciones de limpieza pública por casi S/ 40 millones.
En contraste, Surco y Lince son dos distritos que sí lograron superar el 50% de ejecución presupuestal, con 70.8% y 54.4% respectivamente, pese a también haber recibido aumentos en sus partidas.
Sifuentes enfatizó que el debate en el Congreso para asignar créditos suplementarios suele ser un “tira y jala” entre bancadas con intereses particulares, y que una forma de optimizar el gasto sería priorizar municipios con mayor capacidad ejecutora y proyectos con expedientes listos para su implementación.
Para Gustavo Jiménez, la clave está en la transparencia, la capacidad técnica y el conocimiento sobre inversión pública. Propone además que los municipios impulsen proyectos de Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR), que tienen un plazo corto de ejecución y alto impacto.
Gabriela Espinar coincide en que la falta de preparación técnica es un problema grave: “Más del 70% de los funcionarios municipales no tienen la formación necesaria para gestionar proyectos correctamente.” Además, la alta rotación y la fragmentación de los regímenes laborales dificultan la continuidad y orden en la gestión pública.
Espinar también señaló que los municipios podrían mejorar su situación aprovechando mejor los impuestos que recaudan, como el predial y el de alcabala, para financiar proyectos que realmente beneficien a sus comunidades.
Fuente: La República
