La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Ronald De Gracia, aprobó en primer debate el proyecto de ley No. 289, durante una sesión celebrada este lunes 9 de junio en el Salón Azul del Legislativo. La iniciativa fue presentada por el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované.
El proyecto propone suspender temporalmente los efectos de la Ley No. 468 de 2025 y restablecer el régimen legal anterior establecido en la Ley No. 3 de 1985, vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta medida busca destrabar los procesos de adquisición de vivienda que quedaron paralizados tras la entrada en vigor de la normativa actual.
Uno de los principales beneficios de la propuesta es la reactivación de más de 9,000 procesos hipotecarios, permitiendo a igual número de familias culminar el registro de sus propiedades en el Registro Público y acceder finalmente a una solución habitacional. “Estas 9 mil familias podrán continuar con sus trámites y registrar sus viviendas, conforme a lo que establece la ley”, afirmó el ministro Jované.
Durante el debate también se discutieron los alcances de los subsidios para viviendas de distintos rangos. Se estableció un consenso en otorgar un subsidio del 5% para viviendas de hasta $80 mil, y del 5.5% si estas se ubican en el interior del país. El proyecto contempla, además, la exoneración del impuesto de transferencia para la primera venta de viviendas nuevas y la extensión de los subsidios hipotecarios por un plazo de hasta 30 años.
Tanto diputados como representantes del Ejecutivo coincidieron en la necesidad de ajustar el régimen de interés preferencial a las condiciones actuales del país, procurando medidas más inclusivas y humanas para quienes aún no logran acceder a una vivienda digna.
Desde su aprobación, la Ley No. 468 ha recibido críticas por excluir a ciudadanos con trámites iniciados bajo el esquema anterior. Con la propuesta contenida en la Ley No. 289, se busca garantizar una transición ordenada que beneficie a las familias, promotoras y entidades financieras, sin afectar la dinámica del sector inmobiliario.
Fuente: La Estrella de Panamá
