La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en segunda lectura, un proyecto de ley que modifica la distribución presupuestaria de los gobiernos locales, permitiendo un aumento del gasto destinado al pago de nóminas en alcaldías y juntas municipales.
La iniciativa, originalmente diseñada para resolver vacíos legales en la sucesión de autoridades municipales —como ocurrió recientemente en La Vega con las renuncias del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio— terminó transformándose en un ajuste presupuestario, tras eliminarse los artículos relacionados con la sustitución de funcionarios.
Con la modificación aprobada, el artículo 21 de la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios será reformado para que las alcaldías puedan destinar hasta un 30 % de su presupuesto al pago de personal administrativo y autoridades electas, como alcaldes, vicealcaldes, regidores y directores de distritos municipales. Hasta ahora, el límite era de un 25 %.
El resto del presupuesto municipal se distribuirá en un 65 % para obras de infraestructura y equipamiento comunitario, y un 5 % para programas sociales enfocados en educación, salud y género.
Otro ajuste relevante fue propuesto por el diputado Juan Medina, quien promovió la eliminación del párrafo que obligaba a las alcaldías a usar los ingresos recaudados únicamente en los servicios que justificaban su cobro. Con esta supresión, los ayuntamientos tendrán mayor flexibilidad para asignar esos recursos, aunque también se abre la posibilidad de que fondos recaudados para servicios específicos —como la recolección de basura— no se utilicen directamente para su mejora.
La pieza legislativa también establece que la Cámara de Cuentas deberá realizar auditorías anuales para verificar el cumplimiento de la distribución presupuestaria. De encontrarse irregularidades, los responsables podrían enfrentar sanciones que incluyen penas de hasta cinco años de prisión y multas de entre cinco y 20 salarios mínimos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recordó que esta propuesta no es nueva y que iniciativas similares han estado circulando en el Congreso desde 2018. La actual versión cuenta con el respaldo de las diputadas Dharuelly D´Aza y María Mercedes Ortiz, quienes han liderado su impulso legislativo.
El proyecto ahora pasa al Senado para su revisión y posible aprobación definitiva.
Fuente: Diario Libre
