Policía de Nicaragua multiplica operativos contra explosivos para blindar a Ortega y Murillo
Nicaragua
En los últimos dos años, la Dirección de Seguridad y Protección de Personalidades de la Policía Nacional ha multiplicado los servicios de detección de explosivos destinados a resguardar a Daniel Ortega, Rosario Murillo y su círculo cercano, según datos oficiales revisados por La Prensa.
Informes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público reflejan que en 2022 se realizaron 45,541 operativos de detección de explosivos, cifra que se disparó a 355,704 en 2023. Aunque el número bajó en 2024 a 290,813, sigue siendo muy superior a los niveles registrados en años previos.
Especialistas en seguridad sostienen que este incremento responde al temor del régimen a atentados con explosivos, considerados la principal vulnerabilidad de la familia presidencial pese al férreo control territorial que impide ataques de otra naturaleza. “La experiencia internacional demuestra que los explosivos son una de las formas más efectivas de atentar contra figuras públicas”, advirtió un experto consultado bajo anonimato.
Vigilancia permanente en El Carmen
La estrategia incluye revisiones diarias en los alrededores de la residencia presidencial en El Carmen, Managua, así como en las rutas y destinos habituales de Ortega, Murillo y sus hijos. Estas medidas han elevado de manera significativa los costos: entre 2018 y 2024, esta dirección policial ha ejecutado 1,556 millones de córdobas en operaciones de protección.
Pese a que el número de agentes se ha mantenido estable, con una proyección de 1,263 efectivos para este año, la unidad supera en personal a áreas clave como Tránsito (345 agentes) y servicios de salud policial (474).
“Esto refleja que la prioridad del régimen no está en la atención de problemas ciudadanos, sino en la preservación del poder político y la seguridad de la familia gobernante”, explicó otro especialista.
Ascensos masivos
El 28 de septiembre, en el marco del 46 aniversario de la Policía, 414 agentes de esta dirección fueron ascendidos, entre ellos un comisionado mayor, 11 comisionados, 20 subcomisionados y 35 capitanes. Con ello, la planilla de efectivos de protección presidencial mantiene un número alto, aunque con operaciones en constante expansión.
Desde la llegada de Murillo a la vicepresidencia en 2017, y ahora como codirigente del régimen, las actividades de esta dirección se han incrementado exponencialmente: de 1,299 planes ejecutados en 2015 a más de 57,000 en 2017, coincidiendo con la reelección de Ortega y la entrada de Murillo en el poder formal.
Opacidad y señalamientos
Aunque la unidad aparece solo de manera marginal en los anuarios estadísticos de la Policía, informes internos destacan la participación de mujeres en sus filas. Sin embargo, la dirección carece de transparencia: no se conoce públicamente quién ocupa la jefatura actual.
Uno de sus altos mandos, el comisionado general Lázaro Quintanilla, ha sido señalado de violaciones a los derechos humanos, incluido el operativo que derivó en el secuestro y destierro del periodista Henry Briceño y su familia en 2024. Organismos internacionales lo acusan de actuar como “sicario del régimen”.
El reforzamiento de la seguridad se produce en un contexto de transición política interna, con Murillo consolidando espacios de poder, y de creciente aislamiento internacional tras el respaldo de Nicaragua a las regiones ocupadas por Rusia en Ucrania.
Fuente: La Prensa
