Propuesta de cerrar consejos de discapacidad y adultos mayores genera alerta por retroceso en derechos en El Salvador
El Salvador
El anuncio del Ejecutivo sobre la posible disolución del Consejo Nacional de Inclusión de Personas con Discapacidad (CONAIPD) y del Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (CONAIPAM) ha generado preocupación entre defensores de los derechos de ambos sectores, quienes advierten un riesgo de retroceso en logros alcanzados por estas poblaciones.
El proyecto plantea trasladar las funciones de ambos consejos al Instituto Administrador de Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), institución encargada de administrar prestaciones para excombatientes del conflicto armado. Según los considerandos de los decretos, la medida busca “optimizar la utilización de recursos del Estado” y “mejorar el desempeño de políticas administrativas y fiscales”.
Entre 2022 y 2025, CONAIPD y CONAIPAM recibieron conjuntamente $2.6 millones. Para 2026, el proyecto de presupuesto asigna $346,537 al CONAIPD y $517,880 al CONAIPAM, cifras que activistas han calificado como insuficientes.
“El CONAIPAM, con 900,000 adultos mayores y en un proceso acelerado de envejecimiento, dispone de apenas $500,000 al año. Ni siquiera cubre los costos de operación ni la atención en algunas residencias”, señaló Emilio Espín, representante civil en CONAIPAM y miembro de redes internacionales de derechos de personas adultas mayores.
Espín expresó además incertidumbre sobre cómo se integrarán las responsabilidades de los consejos dentro del INABVE. “Tememos que esta reestructuración derive en un mayor recorte y en una atención limitada a las necesidades de estas poblaciones”, advirtió.
La duda principal es si INABVE creará consejos internos para cada grupo —personas con discapacidad, adultos mayores y veteranos— o si un solo consejo decidirá sobre las políticas de todos, sin representación específica de cada sector.
Carolina Vásquez, defensora de derechos de personas con discapacidad, coincidió en que la solución no es la eliminación. “El CONAIPD no ha cumplido plenamente su rol, pero eliminarlo significa ignorar décadas de lucha de organizaciones y personas con discapacidad”, indicó.
Vásquez recordó que la Ley Especial de Inclusión de Personas con Discapacidad y la Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor no se han implementado debido a la falta de reglamento y de asignación presupuestaria. “Si no hay presupuesto, ninguna ley funcionará”, enfatizó.
El diputado Francisco Lira (ARENA) también criticó la propuesta. “Estos consejos fueron creados con base técnica y jurídica, con especialistas en gerontología, accesibilidad, rehabilitación y derechos humanos. Trasladar sus funciones al INABVE corre el riesgo de reducir los derechos humanos a simples trámites burocráticos”, advirtió.
Fuente: Prensa Gráfica
