Petro incrementa los recursos para la salud y reaviva el choque con las EPS

Colombia

A pocas semanas de cerrar el año y mientras el Ejecutivo presenta sus principales cifras económicas, el Ministerio de Salud reveló un dato clave para el sistema sanitario colombiano: el nuevo valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el recurso que el Estado gira a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado. El ajuste, que regirá en 2026, contempla un incremento del 9,03% para el régimen contributivo y del 16,49% para el régimen subsidiado.

Con esta actualización, el presupuesto total del sistema pasará de 89,8 billones de pesos en 2025 a 101,3 billones en 2026, un aumento de 11,6 billones. Aunque el Gobierno defiende la medida como un esfuerzo fiscal relevante, los gremios de la salud advierten que el reajuste es insuficiente para enfrentar el deterioro financiero del sector, especialmente tras el aumento del salario mínimo del 23% anunciado recientemente por el presidente Gustavo Petro.

Desde el sector hospitalario, la preocupación es directa. Juan Carlos Giraldo Valencia, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, señaló que el desajuste entre el crecimiento de los costos laborales y el incremento de la UPC compromete la sostenibilidad del sistema. A su juicio, se rompe un equilibrio ya frágil entre los gastos obligatorios y los ingresos que reciben las instituciones por la atención de los pacientes.

El reclamo se concentra, sobre todo, en el régimen contributivo, donde se concentra la mayor parte del gasto sanitario. Giraldo pidió al Gobierno reconsiderar el porcentaje asignado para este segmento y advertir que, sin un ajuste más acorde con la realidad económica, la crisis estructural del sistema podría profundizarse.

El debate no es nuevo. A comienzos de este año, la Corte Constitucional ordenó revisar los incrementos de la UPC fijados para 2024 y 2025, al considerar que no garantizaban la cobertura real de los costos de las EPS, un rezago que, según el alto tribunal, se arrastra desde 2021. El Ejecutivo sostiene que el nuevo ajuste responde a criterios técnicos y cumple una resolución reciente de la Corte, orientada a corregir diferencias injustificadas entre el régimen contributivo y el subsidiado.

Desde Acemi, el gremio que agrupa a las EPS del régimen contributivo, su presidenta Ana María Vesga reconoce que el aumento del 16,5% para el régimen subsidiado cumple con el mandato de equiparar la financiación y puede aliviar a más de la mitad de la población afiliada. Sin embargo, considera que el incremento del 9% para el régimen contributivo está muy por debajo de lo requerido, cuando el sector había solicitado un ajuste cercano al 17%.

Vesga advierte que el anuncio resulta preocupante en un contexto de alto endeudamiento y rezagos actuariales. Según el gremio, el Ministerio de Salud no reconoce plenamente la magnitud de las deudas acumuladas entre aseguradoras y prestadores, ni el impacto que esta situación ha tenido en la atención a los pacientes durante los últimos años.

Las críticas al manejo del sistema de salud se suman al bloqueo legislativo que ha enfrentado la reforma impulsada por el presidente Petro, hundida en dos ocasiones en el Congreso. Para varios analistas, la estrategia del Gobierno apunta a debilitar el modelo actual ante la imposibilidad de transformarlo por la vía legal, en medio de una confrontación abierta con las EPS, a las que el mandatario ha señalado reiteradamente por presuntas irregularidades y mala gestión de los recursos públicos.

En paralelo, la Superintendencia de Salud mantiene intervenidas ocho EPS que concentran más de 23 millones de afiliados. Entre ellas destaca la Nueva EPS, con cerca de 11 millones de usuarios, intervenida en 2024. Lejos de mejorar, el servicio ha seguido mostrando fallas. En días recientes, Droguerías Colsubsidio anunció que suspenderá desde el 1 de enero la entrega de medicamentos a los afiliados de esta entidad, debido a retrasos en los pagos, una situación que ya había sido advertida desde noviembre.

El reajuste de la UPC reabre así un debate de fondo: si el aumento anunciado será suficiente para sostener el sistema o si, por el contrario, la crisis de la salud seguirá avanzando sin una solución estructural a la vista.

Fuente: El País