Seguridad bajo presión: las propuestas de los 20 candidatos presidenciales en Costa Rica
Costa Rica
La inseguridad y el avance del crimen organizado se consolidaron como la principal preocupación ciudadana en Costa Rica. En los últimos tres años, el país ha registrado los índices de violencia más altos de su historia reciente, un escenario que obligó a los 20 candidatos presidenciales a colocar la seguridad como eje prioritario de sus plataformas.
Las propuestas coinciden en un punto: el Estado perdió capacidad de respuesta y requiere acciones inmediatas, mayor coordinación institucional y más recursos. Sin embargo, los caminos para enfrentar el problema difieren en alcance, enfoque y profundidad.
Emergencia, coordinación y mano dura
Walter Hernández, de Justicia Social Costarricense (JSC), planteó declarar una emergencia nacional para agilizar el uso de recursos, reforzar la vigilancia con drones y cámaras, y mejorar la coordinación con el Poder Judicial. En una línea similar, Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), también propuso una declaratoria de emergencia, con intervención prioritaria en los 10 cantones más violentos, aumento de recursos policiales y mejoras salariales, complementadas con programas de prevención social.
Boris Molina, de Unión Costarricense Democrática (UCD), apostó por una medida de alto impacto: tipificar el sicariato como terrorismo. Fabricio Alvarado, de Nueva República (NR), defendió penas máximas para este delito, la ampliación de la capacidad penitenciaria y un mayor uso de tecnología.
Fernando Zamora, de Nueva Generación (PNG), ofreció asumir personalmente la jefatura de las fuerzas policiales, impulsar un decreto de emergencia, promover reformas judiciales y reforzar la prevención desde la educación, la cultura y el deporte.
Instituciones fuertes y control territorial
Luz Mary Alpízar, del Progreso Social Democrático (PPSD), subrayó la necesidad de un trabajo articulado entre instituciones, con énfasis en la investigación criminal y el financiamiento adecuado. Natalia Díaz, de Unidos Podemos (UP), planteó intervenir cuarterías ilegales, fortalecer la coordinación con el Poder Judicial y aplicar medidas migratorias contra quienes cometan delitos.
Marco Rodríguez, de Esperanza y Libertad, llamó a una acción conjunta entre entidades, con refuerzo del monitoreo costero y el endurecimiento de penas. Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), propuso reubicar la Policía de Control de Drogas en fronteras, ejecutar megaoperativos de control territorial y fortalecer programas preventivos como Sembremos Seguridad.
Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional, sugirió activar de forma permanente el Consejo de Seguridad en Casa Presidencial para coordinar a todos los cuerpos policiales y atender con urgencia los pasos fronterizos.
Tecnología, datos e inteligencia
Ronny Castillo, de Aquí Costa Rica Manda, puso el foco en ejecutar presupuestos subutilizados e invertir en tecnología de punta, además de articular a los distintos cuerpos policiales. Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista (PLP), propuso sumar 10.000 policías en cuatro años y reforzar fronteras y costas con tecnología avanzada para frenar el narcotráfico.
Ana Virginia Calzada, del Centro Democrático y Social (CDS), planteó crear una Comisión Nacional de Inteligencia Criminal, impulsar barrios seguros con mejor iluminación y promover reformas procesales. David Hernández, de la Clase Trabajadora, propuso levantar el secreto bancario para rastrear el financiamiento político y fortalecer el uso de tecnología en la lucha contra el crimen.
José Aguilar, de Avanza, defendió el uso intensivo de datos para focalizar comunidades críticas, un control territorial “fuerte”, el retorno de recursos al OIJ y la creación de un Consejo Presidencial de Seguridad ampliado, con participación de la Iglesia, la academia y el sector privado.
Más recursos y financiamiento
Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), propuso endurecer penas contra el narcotráfico y el sicariato, fortalecer a las policías con más presupuesto y modernizar la lucha contra el cibercrimen y las estafas electrónicas. Douglas Caamaño, de Costa Rica Primero, coincidió en la necesidad de más fondos, articulando a los tres poderes del Estado y promoviendo reformas legales.
Luis Amador, de Integración Nacional (PIN), planteó la creación de un comando élite con policías especializados, mejor equipamiento y mejoras salariales. Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), propuso un convenio con la Unión Europea para reforzar el control de exportaciones y la creación de un fondo nacional de seguridad financiado con la eventual venta del Banco de Costa Rica (BCR).
Finalmente, Laura Fernández, de Pueblo Soberano, defendió una política de “cero impunidad” y la pronta inauguración de la megacárcel CACCO, en San Rafael de Alajuela.
El abanico de propuestas refleja un consenso básico sobre la gravedad del problema, pero también evidencia diferencias sustantivas sobre cómo enfrentarlo. La seguridad se perfila así como el principal campo de contraste electoral y el desafío más inmediato para el próximo gobierno.
Fuente: El Observador
