Corea del Sur condena a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk-yeol por insurrección
Corea del Sur
Un tribunal penal de Corea del Sur dictó este jueves sentencia de cadena perpetua contra el expresidente Yoon Suk‑yeol al declararlo culpable de insurrección por su decisión de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, una medida que desencadenó la crisis constitucional más grave en décadas en ese país.
El Tribunal del Distrito Central de Seúl determinó que Yoon, de 65 años, lideró un intento de subvertir el orden constitucional al movilizar fuerzas militares y policiales para bloquear el funcionamiento de la Asamblea Nacional y arrestar a líderes políticos bajo el pretexto de contener a “fuerzas antiestatales”.
Los jueces rechazaron imponer la pena de muerte, solicitada por la fiscalía, y optaron por la máxima pena de prisión posible bajo la legislación surcoreana, cadena perpetua, al considerar que los actos de Yoon equivalieron a un levantamiento contra el orden constitucional.
El intento de ley marcial, decretado el 3 de diciembre de 2024 en un mensaje televisado, duró apenas horas antes de que legisladores lograran revocar la medida mediante votación y masivas protestas ciudadanas. Sin embargo, el tribunal sostuvo que incluso ese breve episodio representó un riesgo grave para la democracia y la separación de poderes.
La sentencia consolida un precedente inédito en la historia democrática reciente de Corea del Sur, al ser la primera vez en casi tres décadas que un exmandatario recibe una pena de este calibre por insurrección, equiparable a casos históricos de violaciones graves al orden constitucional.
Además de Yoon, el tribunal también impuso condenas de larga duración a colaboradores implicados en la imposición de la ley marcial, incluidos altos mandos de defensa y seguridad, como el exministro de Defensa, sentenciado a 30 años de prisión en el mismo fallo.
La decisión judicial marca un hito en el escrutinio de abusos de poder en Corea del Sur y antecede posibles apelaciones, aunque el veredicto de primera instancia representa un avance significativo en la rendición de cuentas institucional tras una de las mayores crisis políticas del país en años.
