La fiscal guatemalteca pierde intento de blindaje mientras crecen denuncias internacionales
Guatemala
Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) de Guatemala, sufrió un revés político y jurídico significativo al fracasar en su intento por obtener un cargo en la Corte de Constitucionalidad (CC), lo que le habría garantizado inmunidad ante procesos judiciales una vez concluido su mandato en mayo de 2026. Paralelamente, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han exigido investigaciones independientes sobre su presunta implicación en adopciones ilegales de niños indígenas durante décadas pasadas.
La derrota de Porras ocurrió durante la elección del magistrado representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en la que ningún voto la favoreció, dejándola fuera de la selección para integrar la CC en el periodo 2026-2031. Este resultado limita su capacidad de asegurar inmunidad a futuro, un elemento clave en su estrategia para enfrentar múltiples denuncias en su contra.
Simultáneamente, un grupo de expertos de la ONU pidió a las autoridades guatemaltecas abrir investigaciones independientes, exhaustivas e imparciales respecto a denuncias que vinculan a Porras con adopciones ilegales internacionales de al menos 80 niñas y niños indígenas. Los hechos señalados se remontan al período del conflicto armado interno (1960-1996), y se centran en el antiguo Hogar Temporal Elisa Martínez, institución en la que Porras fungió como administradora en 1982.
Los especialistas de Naciones Unidas expresaron su preocupación por la ausencia de avances judiciales efectivos y subrayaron que quienes enfrenten acusaciones creíbles de violaciones a los derechos humanos no deberían ser preseleccionados ni nombrados para cargos relevantes hasta que se esclarezcan las denuncias. Además, insistieron en que a las víctimas y sus familias se les debe garantizar acceso a verdad, justicia y reparación.
La figura de Porras ha sido motivo de controversia constante. Estados Unidos y la Unión Europea la han sancionado por presunta corrupción y obstrucción de investigaciones, y organizaciones de derechos humanos señalan que su gestión en el MP ha provocado el exilio de jueces, periodistas y activistas. Este contexto ha aumentado la presión interna e internacional sobre su continuidad en funciones.
Con el proceso de renovación judicial en marcha y sin el blindaje institucional que habría supuesto su acceso a la Corte de Constitucionalidad, Porras afronta un escenario de mayor escrutinio legal y político en los meses previos a la finalización de su mandato.
