Presidencia solicita a la Corte revocar suspensión del decreto de emergencia económica
Colombia
La Presidencia de la República presentó ante la Corte Constitucional una solicitud formal de nulidad contra las providencias que suspendieron provisionalmente el decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno a finales de 2025. El Ejecutivo busca que el alto tribunal reviente la decisión que dejó sin efectos el estado de excepción económico y social, argumentando una afectación grave al marco constitucional y al principio de seguridad jurídica.
En el documento, firmado por el secretario jurídico de la Presidencia, se sostiene que los autos 082 y 084 de 2026 —que ordenaron la suspensión provisional del Decreto Legislativo 1390 de 22 de diciembre de 2025 y sus normas derivadas— vulneran el debido proceso constitucional y desconocen la cosa juzgada establecida por el precedente de la Sentencia C-179 de 1994, que regula el control automático de constitucionalidad de decretos expedidos en estados de excepción. Según la argumentación oficial, la Corte no contaría con base legal para suspender provisionalmente un decreto de emergencia mientras se resuelve su constitucionalidad de fondo.
El Gobierno colombiano subraya que la medida cautelar impugnada no tiene antecedentes jurisprudenciales consistentes y que su aplicación crea incertidumbre institucional al reintroducir una figura procesal que fue removida del ordenamiento jurídico hace más de tres décadas, lo que para la Presidencia socava la confianza de los ciudadanos en las decisiones de la justicia constitucional.
La solicitud de nulidad planteada por el Ejecutivo también cuestiona la falta de comunicación integral de las providencias, señalando que la ausencia del texto completo de las decisiones judiciales limitó el ejercicio del derecho de defensa. En este contexto, el Gobierno hizo énfasis en que la acción no busca confrontar el alto tribunal, sino preservar la coherencia del orden constitucional y la autoridad de sus decisiones vinculantes.
La controversia se desató después de que la Corte Constitucional, con una votación de 6 magistrados a favor y 2 en contra, decidiera suspender de manera provisional el estado de emergencia que había declarado el presidente Gustavo Petro para enfrentar un déficit presupuestal proyectado de más de 16 billones de pesos en 2026. La medida cautelar anuló también decretos fiscales asociados, incluyendo normas tributarias clave que buscaban aumentar la recaudación estatal.
La suspensión del decreto de emergencia ha generado reacciones encontradas en la élite económica y política. Sectores de oposición celebraron la decisión judicial como una reafirmación del equilibrio de poderes, mientras que el Ministerio de Hacienda advirtió que la negación de la emergencia sería un acto de incoherencia institucional dado el deterioro fiscal que motivó su adopción.
El caso ahora retorna al análisis de la Corte Constitucional, que deberá decidir si acoge o rechaza la petición de nulidad del Gobierno. El fallo tendrá implicaciones directas sobre la estabilidad fiscal del país y sobre los mecanismos que el Ejecutivo puede emplear para gestionar crisis económicas en un entorno de estrechez presupuestal.
Fuente: Semana
