Bolivia
El bloque político afín al expresidente boliviano Evo Morales intensificó este miércoles la presión sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con advertencias explícitas sobre una posible paralización del proceso electoral si no se permite su participación en las presidenciales previstas para agosto. A pesar de estar inhabilitado por sentencia judicial, sus seguidores insisten en su candidatura y han salido masivamente a las calles para exigir su habilitación.
La tercera jornada consecutiva de movilizaciones en el centro político de La Paz derivó en enfrentamientos con efectivos policiales, quienes recurrieron al uso de gases lacrimógenos en inmediaciones de la Plaza Murillo, epicentro del poder político nacional. La protesta culminó con una conferencia de prensa de los líderes sociales movilizados, quienes anunciaron una escalada en las medidas de presión.
“Si no nos escuchan, no habrá elecciones nacionales. Vamos a defender a Evo Morales cueste lo que cueste”, declaró con vehemencia Juanita Ancieta, dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”.
Además del reclamo por la habilitación del exmandatario, los sectores movilizados expresaron un abierto rechazo al gobierno del presidente Luis Arce, responsabilizándolo por la agudización de la crisis económica. Señalan una inflación sostenida, escasez de divisas, especulación en el mercado paralelo de dólares y desabastecimiento de combustibles, como signos de una administración fracasada.
Durante la movilización, algunos manifestantes quemaron figuras con los rostros del presidente Arce y del vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe, a quien acusan de responder a los intereses del Ejecutivo.
“Las organizaciones sociales demandan la habilitación del hermano Evo y de toda la plancha presidencial a través del instrumento político Pan-Bol”, afirmó el diputado Renán Cabezas, vinculado al círculo cercano de Morales.
El expresidente, quien gobernó entre 2006 y 2019, fue inhabilitado por fallos judiciales que limitan el acceso a la Presidencia y Vicepresidencia a solo dos mandatos, continuos o discontinuos. Morales ocupó el cargo por tres períodos consecutivos y fue forzado a renunciar tras la polémica elección de 2019, donde organismos internacionales señalaron irregularidades en el conteo de votos.
Tras su salida, el MAS recuperó el poder en 2020 bajo el liderazgo de Luis Arce, exministro de Economía del propio Morales. Sin embargo, la relación entre ambos se fracturó, desembocando en una disputa por el control del partido que escaló a los tribunales. En noviembre de 2024, la justicia otorgó el control legal del MAS al ala oficialista y, simultáneamente, ratificó la inhabilitación de Morales.
En este contexto, el expresidente ha intentado inscribirse como candidato a través del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), organización política cuya personería jurídica fue revocada recientemente, aunque podría ser rehabilitada por resolución judicial. Esta estrategia ha sido denunciada como un nuevo intento de instrumentalizar la justicia con fines políticos.
Desde su reducto en la región cocalera del Chapare, donde permanece atrincherado desde hace más de medio año para evitar una eventual detención en el marco de una investigación por presunto abuso sexual a una menor durante su gestión, Morales ha seguido articulando su proyecto electoral.
Mientras tanto, sus seguidores han anunciado nuevas protestas y bloqueos de carreteras, lo que podría poner en jaque la organización del proceso electoral si el conflicto no encuentra una salida institucional. Las tensiones siguen en aumento, en un escenario político polarizado y con el calendario electoral en riesgo de colapso.
Fuente: Infobae
