La Fiscalía General de Costa Rica presentó este lunes una nueva acusación penal contra el presidente Rodrigo Chaves, en la que lo señala, junto con seis de sus colaboradores más cercanos, por supuestas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral en 2022. Se trata del segundo proceso judicial abierto contra el mandatario, cuyo mandato finaliza en mayo de 2026.
Según el documento entregado a la Corte Suprema de Justicia, Chaves, el canciller Arnoldo André, el vicepresidente Stephan Brunner y cuatro diputados del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) habrían formado parte de una estructura paralela de financiamiento, al margen de los controles del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Entre los legisladores imputados se encuentra Pilar Cisneros, jefa de la bancada oficialista y una de las figuras más visibles del proyecto político de Chaves.
La acusación se basa, en parte, en un informe elaborado por el TSE en 2022, que documentó el uso de al menos dos mecanismos financieros irregulares para captar y administrar recursos por fuera de las vías oficiales del partido, por un monto estimado de 500.000 dólares. La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para considerar, en esta etapa procesal, que los acusados podrían ser responsables de delitos contemplados en tres artículos del Código Electoral, los cuales prevén penas de hasta seis años de prisión.
De acuerdo con la normativa electoral costarricense, los aportes privados a campañas deben provenir exclusivamente de personas físicas nacionales, debidamente identificadas, y canalizados por medio de los mecanismos oficiales del partido.
La decisión de avanzar hacia un eventual juicio depende ahora de la Corte Suprema, que deberá valorar si solicita a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero constitucional del presidente, paso imprescindible para que pueda ser juzgado. Aunque Chaves no puede optar a la reelección, el oficialismo busca consolidar su presencia en los comicios legislativos y municipales de 2026, contexto en el que esta acusación adquiere relevancia política.
Ante el silencio de Casa Presidencial, la diputada Cisneros desestimó públicamente la acusación y la atribuyó a una supuesta persecución del fiscal general, Carlo Díaz, a quien señaló de actuar con fines políticos. En un video difundido a medios, la legisladora argumentó que no hubo fondos públicos involucrados y que el fideicomiso cuestionado fue cerrado antes del inicio formal de la candidatura presidencial de Chaves.
La Presidencia respondió a las consultas periodísticas indicando que el caso corresponde al ámbito personal del mandatario y no representa un asunto institucional del Ejecutivo.
Esta nueva causa se suma a otra acusación presentada en abril por el presunto uso indebido de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) durante el primer año de gobierno. Pese a la gravedad de los señalamientos, ambas acusaciones siguen en espera de resolución por parte de los magistrados, quienes enfrentan presión política en un ambiente cada vez más polarizado.
Mientras tanto, Rodrigo Chaves mantiene niveles de respaldo popular cercanos al 50%, según encuestas recientes de la Universidad de Costa Rica, y continúa promoviendo lo que denomina una “revolución pacífica” contra los sectores tradicionales del poder.
Fuente: Nación
