Nicaragua
A más de cuatro meses de la entrada en vigor de la reforma constitucional que modifica la estructura de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el proceso de nombramiento de nuevos magistrados permanece estancado, sin avances concretos en la reducción del número de integrantes ni en la inclusión de mujeres, como establece la ley.
En febrero pasado, la reforma constitucional redujo el número de magistrados de la CSJ de 16 a 10 y fijó que al menos cinco de estos cargos deben ser ocupados por mujeres. De acuerdo con la nueva normativa, los magistrados deben ser electos para un periodo de seis años por la Asamblea Nacional, basándose en propuestas presentadas por los diputados o por la Presidencia de la República, controlada por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.
En marzo, se aprobó también la Ley Orgánica del Sistema Judicial, que adapta la estructura jurídica a la reforma constitucional, pero a su vez limita la autonomía de la CSJ al despojarla de la función administrativa del sistema judicial, colocando esta dependencia bajo la órbita directa de la Presidencia.
Fuentes internas del Poder Judicial, que prefirieron el anonimato, confirmaron a LA PRENSA que la falta de consenso entre Ortega y Murillo es la principal causa del retraso en los nombramientos. Según estas fuentes, existe una disputa sobre la cantidad de magistrados que cada uno desea nombrar y el perfil de los candidatos, entre ellos miembros del Ejecutivo, diputados, exfuncionarios policiales con formación legal y magistrados de tribunales de apelación.
En este contexto, Róger Eduardo Martínez Domínguez, exauditor de la Contraloría, continúa al frente de la administración interna de la CSJ, operando bajo las instrucciones del secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, un estrecho colaborador de Murillo.
La intervención policial a finales de 2023, que resultó en la destitución de la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, y en la investigación de varios magistrados, junto con el despido masivo de jueces y personal administrativo, ha profundizado la paralización institucional. Desde entonces, la CSJ opera en estado casi de abandono, con pocos magistrados presentes y una nula tramitación de recursos judiciales.
El statu quo actual genera incertidumbre sobre la renovación del pleno, especialmente respecto a magistrados vinculados a figuras clave del régimen, como Bayardo Arce y Lenín Cerna, así como a quienes están próximos a la jubilación.
Actualmente, la CSJ cuenta con seis magistrados activos —entre ellos Virgilio Gurdián y Manuel Martínez, ambos cercanos a los 80 años— y cuatro magistradas, incluyendo a Alba Luz Ramos, quien continúa percibiendo su salario sin ejercer funciones, bajo estricta vigilancia policial en su residencia.
Este escenario refleja la crisis institucional y política que enfrenta el sistema judicial, cuyo restablecimiento depende directamente del acuerdo entre Ortega y Murillo, sin señales claras de resolución a corto plazo.
Fuente: La Prensa
