Colombia
El alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, de origen ruso, será imputado por la Fiscalía General de la Nación el próximo 28 de julio por presuntas irregularidades en un contrato suscrito durante su administración. La diligencia judicial, programada ante un juzgado de control de garantías, también alcanza al abogado Juan Sebastián Ramírez y a la exgestora social Sara Catalina Pedraza.
El proceso se centra en un contrato celebrado en 2024 entre la entidad Ecovivienda y el abogado Ramírez, quien anteriormente había promovido una demanda de nulidad electoral contra el propio Krasnov, la cual retiró días antes de ser contratado por el gobierno municipal. La Fiscalía considera que existen elementos que apuntan a posibles anomalías en la contratación por prestación de servicios.
Por su parte, Sara Catalina Pedraza deberá comparecer ante la justicia el próximo 17 de julio, dentro del mismo proceso penal. Las audiencias fueron fijadas por la Judicatura en el marco de la investigación adelantada por el ente acusador.
Krasnov enfrenta, además, un proceso de anulación de su elección como alcalde. La Procuraduría Delegada Séptima ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá del 27 de febrero de 2025, que declaró la nulidad de su elección por una posible inhabilidad.
El órgano de control sostiene que Krasnov habría incurrido en una causal de inhabilidad al firmar, en diciembre de 2022, un contrato como docente por horas con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), institución pública con sede en Tunja. La contratación se habría efectuado menos de un año antes de su elección para el periodo 2024-2027, lo que vulneraría la normativa vigente sobre inhabilidades para cargos de elección popular.
Aunque el servicio fue impartido de forma remota, la Procuraduría argumenta que los efectos del contrato se circunscribieron a Tunja, reforzando el criterio de vinculación territorial. También subrayó que, pese a su autonomía, la UPTC es un ente público, lo que refuerza la presunta transgresión legal.
En febrero, la Procuraduría calificó provisionalmente como falta gravísima, cometida a título de dolo, la conducta del mandatario local, al considerar que habría incumplido las disposiciones sobre inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses. El Ministerio Público advirtió además que dichas acciones impactan el correcto funcionamiento del servicio público, la credibilidad institucional y los intereses del Estado.
Respecto a una denuncia relacionada con su doble nacionalidad, la Procuraduría determinó archivar el proceso disciplinario por ausencia de méritos. No obstante, informó a las partes sobre los mecanismos de colaboración, como la confesión o la aceptación de cargos, y el derecho del investigado a presentar su versión.
La investigación preliminar contra Krasnov se inició en enero de 2024, a raíz de una denuncia ciudadana. Como parte del proceso, la Fiscalía solicitó documentos presupuestales, estudios previos y soportes de pago vinculados al contrato en cuestión.
La decisión final sobre la continuidad de Mikhail Krasnov en el cargo será tomada por el Consejo de Estado, que deberá resolver si confirma la anulación de su elección o le permite mantenerse al frente de la Alcaldía de Tunja.
Fuente: Infobae
