México
La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhorto a la Secretaría de la Contraloría General para que inicie una investigación sobre los gastos del viaje que realizó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, a Madrid, España, del 1 al 7 de julio, acompañada por al menos dos funcionarias de su administración.
La propuesta fue presentada por la diputada de Morena, Cecilia Vadillo Obregón, quien cuestionó tanto el propósito del viaje como los encuentros sostenidos por la funcionaria capitalina, entre ellos una reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, dirigente del Partido Popular y aliada de formaciones de derecha como Vox y Ciudadanos.
Vadillo calificó como incongruente que la alcaldesa se identifique con causas feministas en México mientras mantiene diálogo con figuras políticas que, según dijo, impulsan agendas contrarias a los derechos de las mujeres en España. Criticó, por ejemplo, la creación de un centro para atención a hombres víctimas de violencia sexual bajo la gestión de Díaz Ayuso, señalando que ello minimiza la violencia de género, donde más del 80% de las víctimas son mujeres.
Asimismo, la legisladora cuestionó la presencia de las funcionarias Xintli Mariana Gálvez Reyes y Mónica Patricia Godinez Montes —asesora y secretaria particular de Rojo de la Vega, respectivamente—, quienes, dijo, difundieron en redes sociales imágenes de actividades personales durante el horario laboral, incluyendo compras y comidas en lugares de lujo. También reprochó el encuentro entre Rojo de la Vega y la ex primera dama Angélica Rivera, calificándolo de “pachanga”.
En defensa de la alcaldesa, legisladores del PAN señalaron que el viaje fue financiado por la Fundación Internacional para la Libertad y que las funcionarias viajaron a título personal, haciendo uso de días de vacaciones. No obstante, diputados de Morena y del PVEM señalaron posibles irregularidades administrativas y laborales.
La diputada Brenda Ruiz Aguilar (Morena), junto con los legisladores Víctor Hugo Lobo Rodríguez (Morena) y Juan Rubio Gualioto (PVEM), advirtieron posibles violaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal del Trabajo. Señalaron que aceptar beneficios no contemplados en la remuneración oficial —como donaciones de terceros— podría constituir un acto de cohecho. En cuanto a las vacaciones autorizadas, subrayaron que ambas funcionarias aún no cumplían el año de servicio requerido para acceder a ese derecho, como lo establece el artículo 81 de la legislación laboral.
Inicialmente, el punto de acuerdo solo contemplaba solicitar un informe a la alcaldesa. Sin embargo, tras las intervenciones y nuevas observaciones, se modificó para incluir una petición formal de investigación a la Contraloría General.
Desde tribuna, la presidenta de la Mesa Directiva, Martha Ávila Ventura (Morena), llamó a ejercer el gobierno con responsabilidad y seriedad, advirtiendo que “la frivolidad y la ligereza no tienen cabida en el servicio público”.
Fuente: La Jornada
