Ecuador
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó una nueva propuesta de reforma constitucional que plantea la castración química obligatoria para violadores. Se trata de su quinta iniciativa formal para modificar la Carta Magna desde que asumió el poder, pese a las advertencias reiteradas de la Corte Constitucional sobre el uso fragmentado e instrumental de esta herramienta.
La más reciente propuesta, remitida al alto tribunal el 11 de julio, también incluye la creación de un registro confidencial de agresores sexuales, con el objetivo de restringir su cercanía a menores de edad. Sin embargo, esta medida choca con una sentencia emitida en 2019, que declaró inconstitucional un intento similar por vulnerar derechos fundamentales y tratados internacionales.
A la fecha, el Ejecutivo acumula cinco proyectos de reforma parcial. De ellos, dos han sido descartados por inconstitucionalidad, uno avanza hacia referendo y los otros dos siguen estancados en el trámite legislativo. Noboa prevé someter algunas de estas iniciativas a consulta popular a finales de 2025.
1. Bases militares extranjeras: la más avanzada
Presentada el 16 de septiembre de 2024, esta reforma busca modificar el artículo 5 de la Constitución para permitir nuevamente la instalación de bases militares extranjeras, prohibidas desde 2008.
La propuesta fue aprobada en segundo debate por la Asamblea Nacional el 5 de junio y enviada a la Corte Constitucional para revisión el 8 de julio. El tribunal tiene un plazo de 20 días para pronunciarse. De no hacerlo, se entenderá que el dictamen es favorable. Una vez superado ese paso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá convocar a referendo.
2. Financiamiento a partidos: sin segundo debate
El 20 de septiembre de 2024, Noboa propuso eliminar el financiamiento estatal a partidos políticos y el fondo de promoción electoral. La reforma también permitiría a los partidos contratar directamente propaganda en medios, hoy prohibido por ley.
Aunque la Corte dio luz verde a su tramitación y el primer debate se realizó en abril de 2025, la propuesta aún no ha pasado por el segundo debate, que podría darse a finales de julio.
3. Personas privadas de libertad: reforma inadmisible
La tercera propuesta, enviada en noviembre de 2024, pretendía excluir a las personas privadas de libertad de los grupos de atención prioritaria del Estado. Según el Ejecutivo, el objetivo era una distribución “más justa” de los recursos públicos.
La Corte Constitucional bloqueó la iniciativa por considerar que implicaba una regresión de derechos. Además, expertos señalaron que su implementación vulneraría tratados internacionales suscritos por Ecuador.
4. Prisión preventiva obligatoria: también rechazada
El cuarto intento llegó en febrero de 2025. Noboa propuso establecer prisión preventiva obligatoria para delitos de terrorismo y crimen organizado. Argumentó que se trataba de una medida para frenar la impunidad.
El 14 de febrero, la Corte rechazó la propuesta por mayoría. En su dictamen, advirtió que la reforma violaba el principio de presunción de inocencia al imponer una sanción anticipada sin justificación individualizada.
5. Castración química: la apuesta más polémica
La quinta iniciativa, enviada el 11 de julio, propone aplicar castración química a los violadores y crear un registro de agresores sexuales. Aunque se presenta como una herramienta de protección a menores, ya existen precedentes judiciales que cuestionan su constitucionalidad y compatibilidad con los derechos humanos.
Esta propuesta aún espera el pronunciamiento de la Corte. Si es admitida, podría incluirse en un eventual referendo con otras preguntas.
Desde finales de 2024, la Corte Constitucional ha reiterado que las reformas parciales deben manejarse con criterios jurídicos sólidos y no como instrumentos de oportunidad política. Además, ha cuestionado al Ejecutivo por fragmentar las propuestas y no presentar una visión articulada del cambio constitucional que busca.
Pese a ello, el Gobierno de Noboa mantiene su intención de impulsar un referendo con hasta ocho preguntas, con la expectativa de celebrar la votación antes de que concluya 2025. El panorama sigue abierto, pero sujeto al filtro del máximo órgano constitucional del país.
Fuente: Primicias