Cuba
A seis meses del histórico acuerdo entre el Gobierno cubano y la Santa Sede para liberar a más de 500 personas —incluidos 230 presos políticos—, las autoridades de La Habana han reincorporado a prisión a al menos cuatro opositores, lo que constituye una ruptura de hecho del compromiso pactado en enero.
La visita del arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, a principios de junio con motivo de los 90 años de relaciones diplomáticas entre Cuba y la Santa Sede, sirvió como escenario para reiterar la postura del Vaticano en defensa de los derechos y libertades fundamentales. Sin embargo, apenas unos días después, la disidente Donaida Pérez fue detenida nuevamente y enviada al penal de Guajamal, en Santa Clara.
Pérez había sido excarcelada en enero como parte del grupo beneficiado por el acuerdo. No obstante, el régimen le advirtió recientemente que debía cesar sus denuncias públicas y dejar de exigir la liberación de su esposo, también preso político. Frente a la amenaza de ser reencarcelada si no guardaba silencio, Pérez respondió: “Me quedo”. El tribunal de Villa Clara revocó su libertad condicional, alegando “incumplimiento de obligaciones”. Pero para su entorno familiar, la supuesta liberación nunca fue real. “Ella nunca aceptó las condiciones impuestas. Nunca dejó de denunciar ni de comunicarse con organismos de derechos humanos”, explicó a El País su cuñado, el también opositor Jorge Luis García Pérez “Antúnez”.
La historia se repite en otros casos. El activista José Daniel Ferrer fue detenido violentamente en su domicilio en Santiago de Cuba. La policía allanó su vivienda, detuvo a su familia y lo trasladó a la prisión de Mar Verde, donde habría sido torturado, según denunció su familia. Ferrer, firme en su negativa a vestir uniforme de recluso común, había sido excarcelado en enero bajo la condición de presentarse periódicamente ante autoridades judiciales. Se negó. El Tribunal Supremo lo acusó de “desafiar abiertamente la ley”.
También regresó a prisión Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y figura de peso dentro de la oposición. Navarro, de 72 años y con problemas de salud, fue detenido por haber salido sin autorización de su municipio en siete ocasiones, según el tribunal.
Otro caso es el de Jaime Alcide Firdó Rodríguez, de 25 años, quien había sido excarcelado en enero y regresó a prisión en abril. Su padre denuncia que la decisión fue arbitraria y represalia por negarse a colaborar con la Seguridad del Estado.
La organización Prisoners Defenders ha documentado al menos cuatro casos de reingreso a prisión, aunque alerta sobre un patrón más amplio de hostigamiento y vigilancia sobre los más de 500 excarcelados. Las denuncias incluyen amenazas, acoso laboral, restricciones de movilidad, vigilancia permanente y presión para colaborar con el Gobierno. A muchos se les impide salir del país o incluso buscar empleo.
Yaxis Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), acusa al régimen de utilizar las excarcelaciones como moneda de cambio. “La falta de generosidad del Gobierno cubano ha dejado en evidencia que el acuerdo fue instrumentalizado”, afirma. Sin embargo, reconoce que el Vaticano, con su dilatada experiencia diplomática, era consciente del terreno en el que actuaba.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, la versión oficial responsabiliza a Estados Unidos del supuesto incumplimiento del pacto. Johana Tablada, subdirectora general para EE.UU., aseguró en redes sociales que fue Washington quien falló a los compromisos con el Papa Francisco. La Habana sostiene que sí cumplió su parte.
Cabe destacar que la liberación de los presos se produjo el mismo día en que Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, decisión revertida por Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca. Desde enero, la nueva administración ha redoblado las sanciones contra la isla, exigiendo informes sobre violaciones a derechos humanos.
Pese a la gravedad del incumplimiento, el Vaticano aún no ha emitido un pronunciamiento oficial. León XIV, sucesor de Francisco, ya ha visitado la isla en dos ocasiones en el pasado, pero su postura actual frente a estos hechos es incierta. Históricamente, el papel de la Santa Sede ha sido relevante: durante la visita de Juan Pablo II en 1998, Fidel Castro liberó a 200 presos. Lo mismo ocurrió con las visitas de Benedicto XVI y Francisco.
Ante la falta de respuesta internacional, voces dentro de la propia Iglesia cubana han empezado a alzarse. El Arzobispado de Santiago de Cuba pidió recientemente a las autoridades abrir un proceso de transformación estructural. “Es el momento de generar un clima donde se puedan implementar los cambios que Cuba necesita”, señalaron.
Para Cires, del OCDH, este mensaje debe ser respaldado activamente por la Santa Sede. “Es fundamental que se refuercen los llamados al respeto de la dignidad y la libertad del pueblo cubano”, enfatizó.
En un contexto de crisis política, económica y social, la vuelta a prisión de opositores excarcelados, el silencio institucional y la falta de garantías evidencian que el régimen cubano continúa utilizando los derechos humanos como instrumento de negociación política, desoyendo incluso a uno de sus interlocutores históricos más influyentes: la Iglesia católica.
Fuente: El País
