Estados Unidos
El director interino de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd M. Lyons, emitió un memorando el pasado 8 de julio instruyendo a sus agentes a mantener en detención a los inmigrantes que ingresen al país de manera ilegal, negándoles la posibilidad de solicitar libertad bajo fianza durante sus procesos de deportación, los cuales pueden extenderse meses o incluso años, informó The Washington Post.
Según el documento, revisado conjuntamente por los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, los migrantes en esta categoría "no deberían ser liberados de la custodia de ICE". Únicamente en casos excepcionales podrían acceder a un permiso temporal ('parole'), decisión que queda en manos de oficiales migratorios, no de jueces.
Desde la emisión del memorando, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) ha reportado múltiples casos en tribunales de Nueva York, Virginia, Oregon, Carolina del Norte, Ohio y Georgia, donde se han negado audiencias de fianza a inmigrantes, dificultando su posibilidad de liberación.
Un análisis de la organización Washington Office on Latin America (WOLA) alerta que la medida podría llevar a que más de 100,000 personas permanezcan detenidas simultáneamente, cifra que supera ampliamente la capacidad oficial de 49,000 plazas.
La política marca una expansión significativa en las detenciones migratorias. Aunque ICE asegura en su reporte anual que detiene a inmigrantes "cuando es necesario" y que la mayoría permanece libre durante sus procedimientos, el cambio busca ampliar la detención obligatoria, que hasta ahora se aplicaba mayormente a quienes presentan antecedentes por delitos graves.
Este endurecimiento coincide con recientes modificaciones legislativas que incluyen delitos relacionados con robos dentro de los criterios para detención sin derecho a fianza, en respuesta a incidentes como el homicidio de la estudiante Laken Riley en Georgia.
Expertos legales advierten que la nueva directriz no solo afecta a recién llegados, sino también a personas con residencia prolongada en Estados Unidos, quienes han establecido vínculos familiares y sociales sólidos. La indefinición sobre los tiempos de detención pone en riesgo su derecho al debido proceso, exponiéndolos a permanecer encarcelados hasta su deportación definitiva.
En ese contexto, el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste ha presentado demandas contra esta política, señalando que negar audiencias de fianza viola los derechos fundamentales de los migrantes. El caso emblemático es el de Ramón Rodríguez Vásquez, residente de Washington desde 2009, quien tras ser detenido por ICE y no tener antecedentes penales, fue negado para audiencia de fianza y deportado a México pese a una orden judicial previa.
Para abogados especializados, la interpretación restrictiva de las audiencias representa un retroceso legal grave y un esfuerzo por extender la detención migratoria más allá de los límites establecidos.
Fuente: Univisión
