Estados Unidos podría intervenir en Ecuador ante crisis y represión de protestas
Estados Unidos
Tras 15 días de paro nacional, las posibilidades de diálogo entre el gobierno de Ecuador y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se reducen, mientras el Ejecutivo endurece medidas con un nuevo estado de excepción en doce provincias. Hasta este domingo, más de 150 personas han sido detenidas, un comunero ha fallecido y se mantienen alrededor de 50 bloqueos que se activan o desactivan según la presencia policial.
Organismos de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, con acusaciones de terrorismo contra manifestantes.
Marlon Vargas, presidente de la Conaie, advirtió al gobierno: “La paciencia se nos va a acabar, señor presidente”, recordando episodios en los que expresidentes como Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez dejaron el poder tras movilizaciones sociales, y sugirió que el Ejecutivo actual podría enfrentar un escenario similar si no atiende las demandas populares.
En paralelo, aliados del gobierno señalaron la existencia de un acuerdo militar que permitiría a fuerzas estadounidenses intervenir en caso de desestabilización política. “Existe un acuerdo militar que permite a las fuerzas armadas de Estados Unidos ingresar a Ecuador si la democracia está amenazada; fue firmado en el gobierno anterior”, declaró Carlos Jijón, exsecretario de Comunicación de Guillermo Lasso. La acción podría derivar en investigaciones legislativas en la Asamblea Nacional, según algunos legisladores de oposición.
El presidente Daniel Noboa también advirtió a los manifestantes sobre posibles sanciones penales si ingresan a Quito: “Nadie puede tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos. A los que eligen la violencia, los espera la ley”, escribió en su cuenta de X.
Para contener la protesta, el Ejecutivo implementó medidas económicas temporales, incluyendo reducción del IVA a 8% durante feriados próximos y adelanto del décimo tercer sueldo a funcionarios públicos para el 14 de noviembre, con el objetivo de impulsar el consumo local durante el Black Friday y el Cyber Monday.
Los dirigentes del paro insisten en la derogación del decreto que elevó el precio del diésel de 1.80 a 2.80 dólares, que ha incrementado costos de transporte y productos básicos, así como la eliminación del IVA al 15%, la reposición de subsidios a combustibles, la dotación de medicinas en hospitales públicos y políticas que frenen los despidos masivos y la precarización laboral.
En un comunicado, la Conaie señaló que “Noboa profundiza su política de guerra con el decreto que declara estado de excepción en las provincias movilizadas. Bajo el discurso del ‘orden’, el gobierno ha desatado una represión sistemática contra quienes ejercen su derecho constitucional a la resistencia”.
Fuente: La Jornada
