Venezuela
La Asamblea Nacional venezolana, dominada por el oficialismo, aprobó de manera unánime en su primera discusión el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una iniciativa que, de avanzar en el proceso legislativo, podría liberar a cientos de presos políticos en el país tras años de conflictos políticos y detenciones vinculadas a protestas y críticas al poder.
La iniciativa fue impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien argumentó que la ley busca “sanar las heridas” dejadas por décadas de confrontación política y promover un ambiente de reconciliación nacional. El proyecto abarca actos y detenciones por razones políticas desde 1999 —inicio de la era chavista— hasta 2026.
El texto aprobado en esta primera etapa contempla, entre otras medidas, la liberación inmediata de los beneficiarios, la extinción de procesos judiciales en curso, la eliminación de antecedentes penales y la restitución de bienes incautados, además de levantar órdenes de captura y alertas migratorias que pesan sobre muchos opositores y exiliados.
No obstante, la ley excluye a quienes hayan sido procesados o condenados por delitos graves como homicidio, crímenes de lesa humanidad, tráfico de drogas y actos de corrupción, en línea con estándares internacionales que rechazan la impunidad en casos de alta gravedad.
Organizaciones de derechos humanos y agrupaciones civiles han celebrado el avance de la norma con reservas. Aunque sectores de la oposición y familiares de los detenidos ven en la iniciativa una oportunidad para poner fin a años de represión, grupos como Foro Penal han señalado que aún quedan más de 600 presos políticos en las cárceles venezolanas y han pedido que se haga público el texto completo del proyecto para garantizar transparencia.
También desde la propia Asamblea, representantes opositores han solicitado que la ley establezca garantías específicas para que las personas liberadas puedan reincorporarse a la vida pública sin temor a represalias o nuevas persecuciones.
El proceso legislativo exige un segundo debate artículo por artículo para su aprobación definitiva, tras lo cual será remitida al Ejecutivo para su promulgación. Los analistas políticos coinciden en que la medida podría marcar un punto de inflexión en la agenda política venezolana, aunque subrayan que su impacto dependerá de la implementación efectiva y del respeto a los derechos de las víctimas y los beneficiarios.
Fuente: CNN
