Cuba
Un grupo de tres expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió este jueves una condena formal contra la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, que restringe el suministro de petróleo a Cuba y amenaza con imponer aranceles a terceros países que mantengan intercambios energéticos con la isla. La medida, vigente desde el 29 de enero de 2026, ha sido calificada como contraria al derecho internacional y susceptible de agravar la crisis ya existente en el país caribeño.
Los relatores señalaron que no existe justificación legal para sancionar a países por comerciar con una nación soberana, y advirtieron que estas acciones podrían constituir un “castigo colectivo” sobre la población civil cubana. Asimismo, cuestionaron la caracterización de Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de Estados Unidos, considerando que la etiqueta carece de sustento creíble y parece diseñada para legitimar el uso de poderes coercitivos sin respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU.
En su comunicado, los expertos destacaron que la orden ejecutiva viola principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas, como la igualdad soberana, la no intervención y la autodeterminación, así como normas del comercio internacional establecidas por organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La declaración también abordó las consecuencias humanitarias de la política estadounidense. En un contexto de graves cortes de electricidad —con apagones que superan las 20 horas diarias en múltiples regiones— y una marcada escasez de insumos básicos, los relatores advirtieron que la falta de combustible afecta de manera directa servicios esenciales como la generación de energía, el abastecimiento de agua potable, el transporte público y el funcionamiento hospitalario.
El grupo de expertos urgió a Washington a revocar de inmediato la orden ejecutiva y abandonar el uso de medidas económicas extraterritoriales que impactan terceros estados y agravan la situación social y económica en Cuba.
Los firmantes de la carta fueron George Katrougalos, experto en orden internacional democrático; Ben Saul, relator sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo; y Michael Fakhri, relator especializado en el derecho a la alimentación.
