Breve análisis del Gobierno Abierto para su mejor construcción
I.
Orígenes
Para
algunas personas solamente consiste en permitir el flujo de información entre
gobiernos y sociedad civil mediante intermediarios, y para otras es la
herramienta para desafiar a funcionarios corruptos, aunque ambas correctas, el
Gobierno Abierto es un concepto más amplio que se ha edificado a través de un
trasfondo de exigencia social por gobiernos honestos y transparentes,
convirtiendo paulatinamente a gobiernos opacos en instituciones comprometidas
con el apego a las normas, logrando de forma implícita una reformulación
completa, incluso de filosofías organizacionales. Y así como la Nueva Gerencia
Pública, el Gobierno Digital y otras aportaciones a la administración pública,
la concepción y evolución del Gobierno Abierto cuenta con un interesante
origen.
Indagar
en la literatura sobre el origen del Gobierno Abierto lleva como resultado a
una serie de comienzos a través de la historia sin una temporalidad precisa, si
bien se suele asociar el término con épocas recientes, debido en gran medida a
la penetración del gobierno digital, su origen propone intenciones de reformar
el actuar de la administración pública décadas antes a lo que hoy por hoy se
conoce.
De
acuerdo con Nasser y Concha en “El Gobierno Electrónico en la Gestión Pública”
(2011), este concepto surge en la década de los 90, a la par del nacimiento del
gobierno digital en los Estados Unidos de América, con el objetivo de
proporcionar datos valiosos y usables para las personas y organizaciones.
Los
autores consideran como chispa inicial ese momento debido a dos avances
sustanciales en la apertura del gobierno a la ciudadanía, siendo estos
fedsats.gov y regulations.gov. El primero otorgando acceso a fuentes de
información de más de cien organizaciones, y el segundo definido como un portal
de internet que funciona como repositorio de la documentación generada por la
administración pública, con la particularidad de que toda la información
vertida puede ser comentada o debatida por actores sociales.
Es
importante apreciar cómo de manera colateral regulations.gov abona a la agenda
de gobierno digital de los Estados Unidos a través del llamado eRulemaking, siendo
este el uso de tecnologías de la información para la configuración de
regulaciones, reescribiéndose así según la literatura del gobierno digital como
un enfoque de relación de G2C (Gobierno a Ciudadanía) a G2C2G (Gobierno a
Ciudadanía a Gobierno). Sin embargo, no es todo en lo que el gobierno digital y
el gobierno abierto coinciden, pues Nasser y Concha recogen 8 elementos básicos
para considerar útiles los datos que el gobierno abierto pone a disposición,
mismos que tienen que ser:
·
Datos
completos, es decir, que no estén sujetos a privacidad o demás limitaciones.
·
Datos
primarios, refiriéndose a que estos deben ser la fuente primaria de
información, sin procesamientos.
·
Datos
oportunos, esto para conservar su valor.
·
Datos
accesibles, siendo esto la búsqueda de la mayor disponibilidad de estos a sus
solicitantes.
·
Datos
pre-procesados, si bien puede sonar contrario al principio de datos primarios,
este requerimiento versa sobre el hecho de que los datos deben estar
organizados para su entendimiento.
·
Datos
de acceso indiscriminado, esto es la disponibilidad a estos sin requerir
usuarios o registros.
·
Datos
libres de propietarios, esto en coherencia a la accesibilidad, propone la
publicación de datos en software que no implique exclusividad.
·
Datos
libres de licencias, a su vez relacionado con el punto anterior, este punto
establece que los datos no estén sujetos a licencias de software que
posteriormente limiten su acceso.
Si
bien, la consulta puede parecer por sí misma el fin último de la información;
en realidad el final se encuentra en lograr lo dispuesto como RISP, o
Reutilización de Información del Sector Público, lo que permite el uso de los
datos por la sociedad para un fin comercial o no, generándose así este buscado
valor público en las acciones de los gobiernos.
Aunque
pareciera que el gobierno abierto surge como consecuencia del gobierno digital,
hay una posible concepción anterior que propone el nacimiento del gobierno
abierto a través de método más simple, retomada por Harlan Yu y David Robinson
en “The New Ambiguity of Open Government”.
Para
esto es necesario retroceder hasta la década de 1940 en los Estados Unidos de
América, el contexto histórico sitúa a un país que recientemente había librado
la Segunda Guerra Mundial, la administración pública se regía con opacidad,
especialmente por el Federal Housekeeping Statute que daba
autorización a los oficiales del gobierno a operar sus agencias y reservarse
información al público. El primer avance se documenta en 1946, cuando fue
promulgada la Administrative Procedure Act, donde entre otras cosas se
incluían requerimientos para el acceso a la información o en su defecto, las
circunstancias para reservar esta.
Si
bien, la historia desdobla más acontecimientos, mismos que no podrán ser
abordados aquí, lo anterior es necesario para entender el contexto del
nacimiento del concepto de Gobierno Abierto, pues en 1953, la American
Society of Newspaper Editors comisionó a Harold Cross un reporte que al
español sería titulado como “El derecho de las personas a saber: Acceso legal a
información pública y procedimientos” (The people’s right to know: Legal Access
to public records and proceedings), donde se documentaría que Cross se había
referido en su investigación al término Open Government, mismo que sería
considerado una de sus primeras apariciones.
Sin
embargo, el crédito de la primera vez que se expondría de forma impresa se lo
llevaría Wallace Parks en su artículo titulado The Open Government
Principle: Appliying the Right to Know Under the Constitution.
II.
Desafíos.
Los
retos que enfrenta el Gobierno Abierto se encuentran especialmente en dos
grandes ejes; el primero es la organización, definición y procesado de la
información de parte de toda la administración pública, así como la provisión
de herramientas para su entendimiento, es decir, poner en contexto el tiempo y
circunstancias que llevaron a la información que se presenta, buscando
proveerla por temas y clasificaciones para facilitar al solicitante lo que
busca.
El
segundo reto reside especialmente en cómo los gobiernos podrán publicitar la
información y que esta siga siendo usable, esto debe ser específicamente
diseñado para el lugar donde se aplicarán las políticas de gobierno abierto,
pues en un Estado o Municipio con un alto índice de pobreza, parecería más bien
opaco que toda la información se concentre en portales de internet sin ofrecer
una consulta física.
III.
Conclusiones
El
gobierno digital y el gobierno abierto son dos caras de la misma moneda, la
divisa de la accesibilidad. Con historias distintas pero un propósito en común,
pues convergen en el noble propósito de compartir la información de interés
público y combatir la opacidad y corrupción. Uno potencia al otro y la
penetración del gobierno abierto se verá influenciada sustancialmente por la
amplia versatilidad del gobierno digital, el endurecimiento de las normas en
contra de la corrupción y la incansable necesidad de la ciudadanía de velar por
instituciones íntegras. Y en cualquiera de sus dos orígenes aquí comentados, el
compromiso inherente del gobierno abierto ha sido y será por transparentar las
puertas, ventanas y muros de la Administración Pública.
