Perú
El Congreso de la República evalúa reimplantar la exigencia para que las empresas privadas que cuenten con más de 100 trabajadores incorporen obligatoriamente a un profesional colegiado en Trabajo Social. Esta propuesta forma parte del Proyecto de Ley N.º 11730, impulsado por el congresista Segundo Quiroz Barboza, del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, con el respaldo de otros cinco legisladores de su bancada.
De acuerdo con el proyecto, el objetivo es contribuir a un clima organizacional saludable, mejorar la atención psicosocial, reforzar la gestión de riesgos laborales y asegurar condiciones adecuadas para la salud integral de los trabajadores. La propuesta surge tras la reciente derogatoria del Decreto Supremo N.º 009-65 mediante el Decreto Supremo N.º 005-2025-TR, medida que eliminó esta obligación vigente desde hace décadas.
Según el documento, las funciones del trabajador social incluirán la implementación de programas preventivos, la realización de diagnósticos situacionales, el acompañamiento individual o grupal, y la mediación de conflictos laborales. Cuando las empresas operen en múltiples sedes, deberán garantizar la cobertura profesional en cada centro de trabajo.
La fiscalización del cumplimiento recaerá sobre la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), y el incumplimiento será considerado como una infracción administrativa grave, en el marco de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo.
De aprobarse la ley, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) tendrá un plazo de 60 días calendario para emitir el reglamento correspondiente.
El congresista Quiroz sustenta la propuesta en el principio de bienestar general establecido por la Constitución Política y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. A su juicio, la exclusión del Trabajo Social en las empresas representa un retroceso en la protección de los derechos laborales, al debilitar la prevención de conflictos y la atención especializada en salud ocupacional.
La iniciativa también toma como referencia experiencias regionales. Países como Ecuador, Colombia y Chile ya han institucionalizado la presencia del Trabajo Social en entornos laborales, conforme a recomendaciones de organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS).
El proyecto define al trabajador social como un actor estratégico en la gestión del capital humano. Su formación les permite identificar factores de riesgo psicosocial, intervenir en crisis laborales, promover el equilibrio entre la vida laboral y familiar, y facilitar la implementación de programas de bienestar.
Además, este profesional actúa como nexo entre la organización y las políticas públicas, contribuyendo a generar entornos más seguros, saludables y humanizados.
En Perú, la carrera de Trabajo Social se ofrece tanto en universidades públicas como privadas, incluyendo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
La eliminación previa de esta figura por parte del Ejecutivo generó rechazo entre sectores académicos y legislativos. El congresista Segundo Montalvo (Perú Libre), calificó la medida como “un golpe a los derechos laborales conquistados” y expresó su respaldo a los trabajadores sociales.
“Los trabajadores sociales son fundamentales para garantizar el bienestar en las empresas. Basta de invisibilizar su labor. Esta bancada defenderá sus derechos desde el Congreso”, expresó a través de sus redes sociales.
Fuente: Infobae
