República Dominicana
La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó este miércoles, en primera lectura, el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios. La propuesta, impulsada por el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, busca establecer un marco legal claro en las relaciones entre propietarios e inquilinos, y normar los procesos de desalojo.
Durante la sesión, Pacheco informó que la pieza será sometida a vistas públicas antes de su segunda lectura, con el fin de recoger aportes de diversos sectores sociales y garantizar una legislación consensuada. Aunque no se precisó una fecha, el legislador enfatizó la importancia de que “el país digiera bien el contenido del proyecto” antes de su aprobación final.
El texto legal, elaborado por una comisión especial, introduce disposiciones relevantes en materia de arrendamiento, incluyendo:
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Regulación de contratos de renta y procesos de desahucio.
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Resolución judicial de conflictos entre partes.
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Asignación de gastos legales.
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Establecimiento de derechos y deberes tanto para propietarios como para inquilinos.
Uno de los puntos más destacados es el artículo 17, que faculta a los propietarios a ejecutar un embargo retentivo —figura contemplada en el Código de Procedimiento Civil— en caso de mora en el pago del alquiler, como mecanismo para asegurar el cobro de la deuda.
En contrapartida, el artículo 51 establece sanciones penales de tres a cinco años de prisión para cualquier propietario que ejecute un desalojo sin agotar el debido proceso judicial. Asimismo, el artículo 52 contempla que cualquier abuso contra inquilinos será ventilado en tribunales, y que los actuantes judiciales (alguaciles o abogados) podrían enfrentar sanciones disciplinarias por parte de la Suprema Corte de Justicia o la Procuraduría General.
La propuesta dispone que cualquier conflicto derivado de un contrato de alquiler sea conocido por un juzgado de paz en la jurisdicción del inmueble. Inicialmente se promoverá una fase de conciliación. Si no hay acuerdo, se procederá a una audiencia judicial con plazo de 30 días para emitir sentencia definitiva. De superarse este periodo, la parte afectada podrá recurrir al Consejo del Poder Judicial por denegación de justicia.
Durante el debate, el diputado Amado Díaz, coordinador de la comisión especial, defendió el proyecto al señalar que está enfocado en lograr una solución justa y expedita para ambas partes. “Buscamos erradicar prácticas arbitrarias, como desalojos ejecutados por alguaciles sin orden judicial”, afirmó.
Con esta aprobación en primera lectura, la iniciativa pasa ahora a un proceso de consulta pública. Una vez finalizado, se someterá a una segunda lectura para su eventual remisión al Senado.
Fuente: Diario Libre
