El expresidente Donald Trump firmó este miércoles una proclamación presidencial que impone una serie de restricciones migratorias a ciudadanos de 19 países, argumentando motivos de seguridad nacional y deficiencias en los sistemas de verificación y cooperación de los gobiernos involucrados. La medida, que entrará en vigor el próximo 9 de junio, marca un endurecimiento sustancial en la política migratoria estadounidense.
Según el documento oficial, se establece la prohibición total de entrada a ciudadanos de 12 países: Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. En paralelo, se aplicarán restricciones parciales a nacionales de otros siete países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
La proclamación especifica que las restricciones se enfocan en países que, a juicio del Departamento de Estado, presentan graves deficiencias en los procesos de control migratorio, intercambio de información y cooperación en materia de repatriaciones.
"Estas medidas de sentido común están dirigidas a proteger a los estadounidenses de amenazas potenciales provenientes del exterior", afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson. “La prioridad del presidente Trump es garantizar la seguridad del pueblo estadounidense, tomando decisiones firmes ante gobiernos que no cumplen con los estándares mínimos de colaboración”.
En el caso de Cuba, el documento señala que el país caribeño figura en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y que no coopera suficientemente con Estados Unidos en materia de seguridad y repatriación de ciudadanos deportables. Además, se destaca un elevado índice de sobreestadía entre los titulares de visa.
Como consecuencia, se suspende la entrada de ciudadanos cubanos bajo las categorías de inmigrantes y de no inmigrantes con visados B-1 (negocios), B-2 (turismo), B-1/B-2, F (estudiantes), M (estudios vocacionales) y J (intercambios académicos y culturales).
Respecto a Venezuela, la proclama argumenta la inexistencia de una autoridad central fiable para la emisión de pasaportes o documentos civiles, así como la falta de mecanismos adecuados de evaluación y control de solicitantes de visado. El país, al igual que Cuba, también ha mostrado históricamente resistencia a aceptar el regreso de nacionales expulsados de territorio estadounidense.
Por tanto, se implementan restricciones idénticas a las impuestas a Cuba, afectando tanto a inmigrantes como a portadores de visas B, F, M y J.
En un mensaje difundido en su red social Truth Social, Trump justificó la decisión aludiendo a un reciente atentado en Colorado, presuntamente perpetrado por un ciudadano egipcio, contra manifestantes pro-Israel. Pese a que Egipto no figura en la lista de países afectados, el expresidente utilizó este incidente como argumento para reforzar su política de “tolerancia cero” hacia el ingreso de extranjeros sin procesos exhaustivos de verificación.
“Estados Unidos no puede permitirse una migración abierta desde países donde no se puede realizar una evaluación confiable de quienes buscan entrar”, afirmó Trump. “La gravedad de las restricciones dependerá directamente del nivel de amenaza que represente cada nación”.
La proclamación detalla algunas excepciones, que incluyen:
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Residentes permanentes legales de EE.UU.
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Personas con doble nacionalidad no afectada.
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Titulares de visas especiales por razones humanitarias o de persecución.
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Atletas con compromisos internacionales de alto nivel, como los Juegos Olímpicos o el Mundial.
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Ciudadanos afganos con visas de inmigrante por colaboración con EE.UU.
Además, el secretario de Estado podrá conceder exenciones caso por caso, si se considera que el ingreso del solicitante responde a intereses estratégicos de Estados Unidos.
Desde Caracas, el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, calificó la medida como una acción “arbitraria y discriminatoria”, acusando a Washington de utilizar la seguridad como pretexto para una política de exclusión.
Por su parte, en EE.UU., representantes del Partido Demócrata denunciaron lo que consideran una ampliación del llamado "veto musulmán" impuesto por Trump durante su primer mandato en 2017. La congresista Pramila Jayapal advirtió que este tipo de políticas “dañan la imagen internacional del país y penalizan colectivamente a pueblos enteros por las fallas de sus gobiernos”.
El congresista Don Beyer fue aún más directo: “El uso del prejuicio como política exterior debilita nuestra posición global y traiciona los principios sobre los que se fundó Estados Unidos”.
Analistas coinciden en que la proclamación tendrá implicaciones significativas para los sectores migratorio, diplomático y académico, al bloquear el acceso a visas a miles de personas, especialmente estudiantes, empresarios y visitantes con lazos familiares en EE.UU.
La proclamación permanecerá vigente indefinidamente, aunque el gobierno dejó abierta la posibilidad de revisión para los países que demuestren avances en sus sistemas de identificación, seguridad y cooperación bilateral.
Fuente: BBC
