México
El Congreso de Oaxaca resolvió extinguir los poderes del municipio indígena de Zapotitlán Palmas, ubicado en la región mixteca, en lugar de proceder a la remoción de los funcionarios sancionados por ejercer violencia política de género contra la presidenta municipal, Inés Martínez, y la regidora de Salud, Elodia López.
La decisión legislativa se dio a pesar de que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) determinó formalmente que ambas funcionarias fueron víctimas de agresiones sistemáticas por razón de género, perpetradas por el síndico municipal, José Longinos, y el regidor de Hacienda, Damián Reyes. Las acusaciones incluyeron descalificaciones basadas en estereotipos, obstrucción del ejercicio del cargo, gritos, insultos y una campaña de desprestigio sin pruebas.
“Fuimos pisoteadas en la comunidad, y seguimos siendo pisoteadas por el gobierno mismo”, declaró la regidora López en entrevista.
Inés Martínez asumió la presidencia municipal en 2023, siendo la primera mujer electa en ese cargo. Desde el inicio de su administración, denunció hostigamiento y deslegitimación por parte de sus compañeros varones en el cabildo. Según testimonios, los funcionarios masculinos cuestionaron su capacidad únicamente por ser mujer y buscaron imponer control sobre sus decisiones.
En diciembre de 2023, simpatizantes del síndico y del regidor cerraron las oficinas municipales, obligando a la presidenta y su equipo a operar desde otro sitio. El conflicto institucional escaló al grado de paralizar las funciones administrativas y provocar la suspensión de la entrega de recursos públicos desde enero de 2025.
Tras una denuncia formal presentada en noviembre de 2023, el TEEO concluyó que existió violencia política de género por parte de Longinos y Reyes. Ambos fueron sancionados con una multa superior a 54 mil pesos cada uno e inscritos en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género por periodos de nueve años un mes, y siete años tres meses, respectivamente.
El Tribunal destacó que las agresiones no fueron incidentales, sino parte de una estrategia consciente de deslegitimación sustentada en estereotipos de género.
Pese al fallo del TEEO, el Congreso local omitió por meses ejecutar la remoción de los sancionados. Finalmente, en su sesión extraordinaria del 20 de junio, en lugar de aplicar las sanciones individuales, determinó la desaparición de poderes en Zapotitlán Palmas, alegando “vacío de autoridad e ingobernabilidad”.
La solicitud fue presentada por los propios Longinos y Reyes, quienes en abril pidieron formalmente al Congreso disolver el ayuntamiento argumentando conflictos internos. El Congreso avaló su petición, a pesar de que ambos fueron responsables de los hechos que derivaron en la crisis institucional.
Con esta decisión, el gobierno estatal encabezado por Salomón Jara designará un Consejo Municipal para asumir las funciones del ayuntamiento hasta concluir el periodo en 2025.
La alcaldesa Inés Martínez y su equipo denunciaron el abandono por parte del gobierno estatal y solicitaron la intervención directa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
“¿No tenemos derecho a ser escuchadas?”, cuestionó López, quien también manifestó temor por su seguridad y la de sus compañeras, especialmente después del reciente asesinato de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García.
“¿Lo mismo quieren que pase aquí? ¿Debemos callar para no incomodar?”, concluyó.
Fuente: Yahoo
