Uno de los casos más recientes es la Ley para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas, de trámite económico urgente. Aunque la propuesta original tenía apenas cinco artículos, el informe para primer debate —modificado por ADN— incorporó una reforma electoral sobre la “ley seca” en época electoral. La enmienda fue retirada tras la polémica, pero se mantuvo una disposición para condonar intereses, costas judiciales y otros recargos derivados de créditos otorgados por la Corporación Financiera Nacional (CFN).
El texto aún debe pasar el segundo debate y la revisión del Ejecutivo, pero podría seguir el mismo camino de sus predecesoras: una rápida publicación en el Registro Oficial y entrada en vigor inmediata.
Otro caso emblemático es la Ley de Integridad Pública, aprobada a finales de junio. La propuesta inicial, de 17 páginas, fue transformada por la Asamblea en un documento de más de 150 páginas, con reformas a cerca de 20 leyes, bajo el argumento de que “no hay tiempo que perder”, como justificó la legisladora oficialista Valentina Centeno.
El resultado: modificaciones profundas a la contratación pública, al régimen laboral del sector público y a leyes penales, monetarias, judiciales y de movilidad humana, entre otras. Incluso se introdujeron cambios al Código de la Niñez para permitir que menores de edad puedan ser juzgados como adultos en ciertos delitos.
Esta ley ha provocado un fuerte rechazo de gremios y sindicatos estatales, que ya han presentado cinco demandas de inconstitucionalidad y amenazan con movilizaciones si el Ejecutivo no reconsidera su posición.
La tercera norma en esta línea es la Ley de Solidaridad Nacional, en vigencia desde el 10 de junio. Aunque su propósito inicial era establecer un marco legal ante eventuales conflictos armados internos, el oficialismo introdujo reformas penales y vinculadas al sector de hidrocarburos. Además, reactivó la polémica "tabla de drogas", ahora bajo responsabilidad del Ministerio de Salud, la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura.
Esta tabla fue eliminada por el propio Noboa en noviembre de 2023, pero vuelve a escena con la nueva ley.
Aunque legales, las leyes “trole” han sido objeto de críticas por concentrar múltiples reformas sin discusión suficiente y por alterar sustancialmente los proyectos originales. Bajo el mandato de Daniel Noboa, esta técnica legislativa parece haberse consolidado como un mecanismo habitual, en un contexto en el que el Ejecutivo cuenta con una mayoría parlamentaria sólida que permite aprobar rápidamente sus iniciativas
Fuente: Primicias
