República Dominicana
En sesión celebrada la noche del martes, el Senado dio luz verde en primera lectura al proyecto de ley orgánica que establece la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), institución destinada a regular el marco legal del sistema de inteligencia estatal.
La aprobación fue unánime entre los 26 senadores presentes, tras la presentación del informe favorable por parte del senador Franklin Romero, coordinador de la comisión especial encargada del análisis.
Esta iniciativa responde al mandato del artículo 261 de la Constitución, que faculta al Congreso Nacional a autorizar, a petición del presidente de la República y por razones de interés nacional, la creación de cuerpos permanentes de seguridad pública o defensa, integrados por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, bajo la supervisión legal correspondiente.
El proyecto contempla 40 artículos que definen las funciones y atribuciones de la nueva Dirección Nacional de Inteligencia, responsable de enfrentar amenazas como terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, ataques cibernéticos, corrupción, tráfico de armas, crímenes internacionales y flujos migratorios, entre otros.
El artículo 10 detalla las principales competencias de la DNI, entre ellas:
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Investigar actividades que pongan en riesgo los intereses nacionales, el orden constitucional y las instituciones del Estado, sin interferir en las funciones del Ministerio Público.
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Recopilar, procesar y evaluar información relevante para la seguridad nacional, identificando amenazas internas y externas.
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Contrarrestar acciones de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros que representen un riesgo para la soberanía, la paz social o la integridad territorial.
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Desarticular organizaciones criminales en coordinación con autoridades competentes.
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Ejecutar labores de inteligencia y contrainteligencia para proteger recursos, infraestructuras estratégicas y evitar infiltraciones, espionaje o sabotajes.
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Supervisar la depuración de visas y permisos emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración.
El informe que acompaña el proyecto subraya la necesidad de establecer protocolos claros para la obtención y protección de información, así como la salvaguarda de datos y fuentes, en consonancia con la Constitución y el equilibrio entre el derecho a la privacidad y la seguridad nacional.
Esta iniciativa surge después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la anterior Ley 01-24, catalogándola como contraria a la Carta Magna.
Se prevé que la ley sea sometida a segunda lectura el próximo jueves, para posteriormente pasar a la Cámara de Diputados, donde, dada la socialización previa con los sectores involucrados, podría obtener aprobación durante la actual legislatura.
Fuente: Diario Libre
