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Una semana de diálogos sobre la Amazonia en Bogotá, antes de la Cumbre de Presidentes que se celebrará este viernes con la participación de Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Luis Arce (Bolivia), dejó en evidencia la complejidad de un territorio clave para el futuro climático del planeta. La región enfrenta una paradoja: mientras persisten la violencia armada, la degradación ambiental y la desarticulación gubernamental, también se mantiene como el mayor activo de América Latina en la acción climática, con 277 millones de hectáreas de selva aún intactas, según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada.
Más allá de las fronteras, actores indígenas, científicos y organizaciones civiles han mostrado que la cooperación es posible, incluso cuando los gobiernos de los ocho países que integran la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) avanzan con dificultades para coordinar políticas comunes.
Un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible advierte que la Amazonia noroccidental, con 458 millones de hectáreas en Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, es escenario de disputa de al menos 17 grupos armados ilegales. Cinco de ellos tienen alcance transnacional: Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital (PCC), Comandos de Frontera, el Estado Mayor Central (EMC) y el ELN. A esta lista se suma la llamada Nueva Generación, con raíces en Ecuador y expansión regional.
La violencia vinculada al narcotráfico y la minería ilegal se traduce en cifras alarmantes: desde 2020, el Putumayo colombiano ha registrado 24 masacres; en Ecuador, las provincias de Sucumbíos y Orellana reportan tasas de homicidios superiores a 50 por cada 100.000 habitantes; y en Perú, comunidades enteras son desplazadas por amenazas de reclutamiento forzado y explotación laboral en actividades ilícitas.
En términos ambientales, la minería ilegal impacta el 19% del territorio amazónico y la contaminación por mercurio alcanza 30 toneladas anuales. Entre 2001 y 2023 se perdieron más de 14,7 millones de hectáreas de selva, un área equivalente a Honduras.
Avances fragmentados
Aunque existen compromisos nacionales, los enfoques varían. Siete de los ocho países amazónicos —con excepción de Venezuela— cuentan con planes de adaptación al cambio climático, y la mayoría reconoce formalmente los territorios indígenas. Sin embargo, las metas de restauración forestal difieren: mientras Brasil, Perú y Bolivia se han comprometido a recuperar entre 12 y 3,2 millones de hectáreas, Colombia solo prevé un millón y Ecuador la mitad de esa cifra.
Expertos señalan la necesidad de coordinar información y estrategias conjuntas. El Panel Científico por la Amazonia ha propuesto priorizar la restauración en dos áreas críticas: el sur de la Amazonia brasileña y la franja andina que une Perú, Ecuador y Colombia.
Las demandas de los pueblos indígenas han ocupado un lugar central en los diálogos. La Nacionalidad Waorani de Ecuador pidió que la OTCA impulse una propuesta común en la COP30 para declarar la Amazonia libre de combustibles fósiles, recordando que su victoria en la consulta popular de 2022 contra el bloque petrolero 43-ITT aún no se cumple.
La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) también exigió frenar la expansión extractivista, señalando que más de una cuarta parte de la región amazónica colombiana está concesionada a bloques petroleros y gasíferos. A pesar de su discurso ambientalista, el Gobierno de Gustavo Petro ha otorgado 30 licencias de exploración y 14 de producción en la zona.
Las organizaciones civiles y científicas reclaman que la Amazonia cuente con estándares regionales para pagos por servicios ambientales, corredores transfronterizos de conservación, certificaciones de producción sostenible y un observatorio que monitoree a líderes sociales en riesgo.
Estos puntos serán parte de la agenda de la Cumbre Amazónica de este viernes en Bogotá, donde se espera que los presidentes avancen en compromisos concretos. La gran incógnita es si la voluntad política logrará estar a la altura de las urgencias que impone el mayor pulmón verde del planeta.
Fuente: El País