Guatemala: Vacancia en la CSJ tensiona procesos clave para el Ministerio Público y la CC

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) acumula más de un mes sin lograr consensos para elegir a su presidente titular, una vacancia que, aunque no interrumpe la operación del sistema judicial, sí genera inquietud entre organizaciones y analistas por su impacto en procesos institucionales estratégicos.

Desde el 13 de octubre, fecha en la que debía asumir el segundo presidente de la actual magistratura, la responsabilidad recae de manera interina en el vocal I, Carlos Rodimiro Lucero Paz. Hasta ahora, ningún magistrado ha sido postulado formalmente en las sesiones convocadas para la elección, un escenario inusual para un cargo que históricamente ha sido objeto de disputas visibles dentro del pleno.

El presidente que resulte electo deberá encabezar la próxima comisión de postulación para fiscal general y dirigir la designación del magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC). Sin esos acuerdos, las próximas renovaciones de altas autoridades podrían quedar expuestas a cuestionamientos sobre su legitimidad.

Lucero atribuye la falta de aspirantes al temor de asumir costos políticos sin garantías de apoyo interno. “Nadie quiere tomar riesgos”, dijo, al confirmar que las ausencias de magistrados por vacaciones también han dificultado alcanzar el quórum. Previó que el pleno se normalizará la próxima semana.

Organizaciones civiles como la Alianza por las Reformas advierten que el retraso podría abrir espacio para negociaciones políticas opacas y maniobras que afecten la transparencia en la selección del futuro fiscal general. “La atomización dentro de la CSJ revela intereses políticos en disputa”, señaló su representante, Juan Pablo Muñoz.

Pese a las tensiones, constitucionalistas como Edgar Ortiz aseguran que la falta de un presidente titular no compromete el funcionamiento de la institución. Recordó que en 2022 una presidencia interina también encabezó la postuladora del MP sin contratiempos.

A corto plazo, el pleno deberá resolver otros temas sensibles, entre ellos, la elección de dos magistrados para la próxima CC y el análisis de las denuncias contra el juez penal Fredy Orellana, acusado por el Ejecutivo de acciones que habrían atentado contra el orden democrático. La Supervisión de Tribunales deberá emitir un informe previo antes de que los magistrados tomen una decisión.

Fuente: Prensa Libre