República Dominicana
El Congreso Nacional arrastra una deuda legislativa con el Tribunal Constitucional (TC): al menos 15 leyes ordenadas o exhortadas por esta alta corte aún no han sido creadas o modificadas, pese a que algunas sentencias llevan más de una década emitidas. Esta omisión ha generado vacíos legales significativos y un historial de desacato sin consecuencias.
Ocho sentencias del TC han instruido directamente al Congreso a legislar sobre temas sensibles, como el indulto presidencial, la violencia de género, la libertad de expresión, la delimitación territorial y el régimen de sucesión conyugal. En seis de estos casos, los plazos ya vencieron sin cumplimiento; en dos más, el tiempo está por agotarse sin que haya señales de avance legislativo.
El desacato más reciente ocurrió con la sentencia TC/0788/24, que ordena regular por ley las candidaturas independientes. Una comisión de diputados expresó públicamente que no acataría el mandato constitucional, lo que marcó un episodio inédito de desobediencia institucional explícita.
Uno de los casos más antiguos se remonta a 2015, cuando el TC emitió la sentencia TC/0189/15 tras la impugnación del decreto presidencial que benefició con indultos a figuras como Antonio Marte y Vivian Lubrano. Aunque el tribunal no anuló el decreto, advirtió sobre la necesidad urgente de legislar un marco que establezca los criterios, procedimientos y excepciones del indulto presidencial. Diez años después, esa norma sigue sin existir, dejando abierta la puerta a decisiones discrecionales sin control judicial.
En otra sentencia, la TC/0013/13, el Tribunal determinó la inconstitucionalidad de la participación de legisladores en consejos directivos de instituciones públicas como el Acueducto y Alcantarillado de La Romana (Coaarom) y el Consejo Ecoturístico de El Seibo. A pesar de la exhortación a reformar las leyes que los regulan, el Congreso no ha realizado las modificaciones requeridas. Incluso propuestas recientes como la reforma de la Ley 385-98 han omitido cualquier referencia a los fallos del TC.
En 2021, el Tribunal declaró una “omisión legislativa absoluta” respecto a nueve leyes que debieron promulgarse en cumplimiento directo de la Constitución. El plazo de dos años que otorgó la sentencia está a punto de vencer en 2025 sin avances significativos.
Entre las materias pendientes se encuentran:
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Referendos y plebiscitos
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Iniciativa legislativa municipal
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Delimitación territorial y organización regional
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Ley de indulto
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Prevención de violencia contra la mujer
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Libertad de expresión
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Ley sobre sistemas de inteligencia
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Estímulo al deporte
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Régimen inmobiliario en la zona fronteriza
En materia de consumo, el Congreso tampoco ha reformado la Ley 358-05 tras la eliminación del artículo 41, que exigía etiquetado en español de productos importados. El TC propuso permitir la corrección posterior al ingreso al país, pero antes de su comercialización, sin que esto se haya concretado.
En el ámbito civil, el TC también exigió en 2023 una modificación al Código Civil para reconocer al cónyuge supérstite como heredero regular. El Congreso no ha legislado al respecto, generando incertidumbre jurídica para miles de familias.
Otro caso urgente es la Ley 10-15, anulada por vicios de procedimiento. El Tribunal otorgó un año para repetir el proceso de aprobación, plazo que vence en diciembre. Si no se renueva, los cambios al Código Procesal Penal perderán vigencia.
El reiterado incumplimiento por parte del Poder Legislativo, pese a los mandatos de la máxima instancia constitucional, evidencia una falla estructural en el sistema institucional del país. La ausencia de mecanismos sancionadores efectivos permite que estas omisiones se perpetúen, debilitando la supremacía constitucional y el estado de derecho.
Fuente: Diario Libre
