Panamá
En su primer informe de gestión ante la Asamblea Nacional, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, defendió con firmeza el acuerdo de seguridad firmado con Estados Unidos y la reforma al sistema de pensiones, dos decisiones que han generado una oleada de críticas y movilizaciones sociales en el país.
A un año de haber asumido la presidencia, Mulino enfrenta un panorama complejo marcado por tensiones diplomáticas con Washington, alimentadas por las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump sobre el canal de Panamá, y por un creciente malestar social en las calles. Sin embargo, el mandatario reiteró que no dará marcha atrás en sus decisiones clave.
En relación con el memorando de entendimiento suscrito con EE.UU. durante la visita del secretario de Defensa, Pete Hegseth, Mulino aseguró que el documento ha sido “malinterpretado intencionadamente” y enfatizó que “no compromete la soberanía nacional”. Aclaró que todas las instalaciones de seguridad involucradas en el acuerdo siguen bajo control panameño y descartó cualquier posibilidad de establecimiento de bases militares extranjeras.
“El memorando no implica cesión territorial alguna y Panamá puede cancelarlo de forma unilateral con seis meses de antelación”, puntualizó el presidente.
El acuerdo se firmó en un contexto de creciente presión por parte de Trump, quien ha criticado la influencia china en la administración del canal interoceánico y los supuestos altos cobros a embarcaciones estadounidenses. Estas declaraciones, sumadas al pacto de seguridad, han desatado inquietud en amplios sectores de la sociedad panameña.
Mulino defendió el convenio como una herramienta para reforzar la lucha contra el narcotráfico y reafirmó el compromiso de su gobierno con la neutralidad del canal, considerándola “su mejor defensa”.
Por otra parte, la reforma a la Caja del Seguro Social, aprobada en marzo, ha provocado las manifestaciones más intensas de su mandato. La norma, que modifica el sistema de pensiones, ha sido rechazada por sindicatos, docentes e indígenas, quienes denuncian que afectará gravemente los derechos de los trabajadores a futuro. Las protestas han incluido huelgas, bloqueos y enfrentamientos violentos, especialmente en la provincia de Bocas del Toro, donde el gobierno llegó a suspender temporalmente garantías constitucionales.
Mulino acusó a los promotores de las movilizaciones de intentar desestabilizar su administración, y calificó las protestas como “disfrazadas de reclamos sociales”.
El presidente evitó referirse en su discurso a la controvertida posibilidad de reabrir una gran mina de cobre cuya concesión fue declarada inconstitucional el año pasado. Sin embargo, respaldó la construcción de un nuevo embalse destinado a garantizar el suministro de agua para la población y para las operaciones del canal, un proyecto que también ha generado resistencia social.
“El canal necesita más agua, y nuestra población también. No podemos poner en riesgo nuestra ventaja competitiva ni nuestra posición geoestratégica”, concluyó.
Fuente: La Jornada
