La administración de Donald Trump ha desplegado una controvertida estrategia para ubicar a migrantes indocumentados, que involucra la presión directa sobre propietarios de inmuebles para que proporcionen información privada de sus inquilinos. A través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), autoridades migratorias han comenzado a emitir citaciones solicitando contratos de arrendamiento, historiales laborales, estados civiles y otros datos sensibles que podrían facilitar procesos de deportación.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estaría utilizando esta vía para eludir la necesidad de órdenes judiciales formales en su búsqueda de personas sin estatus legal. La orden, compartida con la agencia AP por el abogado Eric Teusink, con sede en Atlanta, no contaba con la firma de un juez, pero advertía que la negativa a responder podría implicar consecuencias legales, como un desacato judicial.
La maniobra ha generado inquietud en sectores legales y defensores de derechos civiles. Jordana Roubicek Greenman, abogada especializada en bienes raíces en Massachusetts, reportó un caso similar en el que un funcionario del ICE intentó contactar directamente a un propietario para obtener información de un inquilino. La jurista recomendó ignorar la comunicación y buscar asesoría legal inmediata.
Desde Texas, el director del Centro de Defensa contra los Desalojos de Dallas, Bill Holston, advirtió sobre el potencial efecto discriminatorio de esta medida. "Los inmigrantes ya enfrentan un entorno hostil, y este nuevo esfuerzo solo exacerbará su vulnerabilidad", declaró a EL PAÍS. Según Holston, la presión sobre los caseros puede derivar en prácticas discriminatorias basadas en raza u origen nacional, o incluso en la imposición de cargos adicionales a ciertos grupos de inquilinos.
Expertos en derechos civiles como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han aclarado que estas citaciones administrativas no obligan legalmente a los propietarios a colaborar, a menos que exista una orden judicial firmada. “Una citación del ICE no tiene fuerza ejecutiva por sí sola”, explicó la organización. “Solo un tribunal puede ordenar el cumplimiento, y las sanciones aplican únicamente si esa orden judicial se desobedece”.
Holston, quien ha trabajado durante años en la defensa legal de personas amenazadas con desalojo, recalcó que muchos propietarios no están dispuestos a correr riesgos por proteger a sus inquilinos. “Prefieren evitar el conflicto, incluso si ello significa violar derechos básicos de privacidad”.
El especialista remarcó que los caseros no tienen la autoridad ni la capacitación para evaluar el estatus migratorio de una persona ni interpretar documentos como TPS, visas especiales o libertad condicional. “Los arrendatarios, sin importar su situación migratoria, tienen derechos civiles protegidos por ley, y deben defenderse si enfrentan discriminación”.
La medida forma parte de un endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por Trump en plena carrera electoral, en la que ha vuelto a colocar la inmigración como eje de su narrativa política.
Fuente: El País
