México
La bancada de Morena en la LXI Legislatura presentó una propuesta para regular el funcionamiento de las comisiones del Congreso estatal, estableciendo un plazo máximo de seis meses para dictaminar iniciativas y evitar el rezago legislativo.
La iniciativa, que adiciona el artículo 22 bis y reforma la fracción segunda del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, busca garantizar que las propuestas legislativas no permanezcan “en la congeladora”.
El legislador líder de Morena explicó que la medida pretende asegurar que todas las iniciativas sean procesadas de manera oportuna, independientemente del partido al que pertenezcan. “Se busca que en un plazo de seis meses las iniciativas puedan ser dictaminadas, ya sea favorable o desfavorablemente, o al menos tratadas”, señaló.
Entre los mecanismos contemplados se incluye la posibilidad de remover al presidente de la comisión si no cumple con su función legislativa. “Si una iniciativa se queda sin avanzar, se propone que se llame al suplente para que la comisión pueda sesionar y dar seguimiento a la agenda pendiente”, agregó Inzunza Ballesteros.
El legislador destacó que la propuesta no está dirigida a un partido en particular, sino que busca resolver el rezago legislativo y garantizar la eficiencia en el trabajo de las comisiones.
Ley de Vivienda
En paralelo, Morena presentó una iniciativa de Ley de Vivienda, orientada a garantizar el derecho a una vivienda digna en Querétaro. La propuesta contempla la creación de reservas territoriales en los municipios, facilitar el acceso a vivienda de interés social y establecer estándares de habitabilidad conforme a las recomendaciones de la ONU.
“Los ejes principales son reafirmar la vivienda como derecho humano, crear una política estatal coordinada entre gobierno, municipios, sector privado y Estado, y fomentar el acceso a vivienda mediante apoyos fiscales, créditos y subsidios”, señaló la diputada Andrea Tovar.
La iniciativa también prevé esquemas de inversión mixta y cofinanciamiento entre sectores público, social y privado, así como la obligación de los desarrolladores de destinar al menos el 10% de las unidades a accesibilidad universal para grupos vulnerables.
Fuente: Diario de Querétaro
