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El derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos, garantizado a nivel nacional desde hace diez años, enfrenta un posible retroceso si el Tribunal Supremo da la razón a Kim Davis, la exsecretaria del condado de Rowan, Kentucky, que en 2015 se negó por motivos religiosos a expedir licencias matrimoniales a una pareja homosexual. Davis fue sancionada con seis días de cárcel por desacato y una multa millonaria.
Su apelación, que llegará al Supremo en otoño, busca revertir el fallo que la obligó a pagar 100.000 dólares por daños emocionales y 260.000 dólares en honorarios legales. La demanda no solo tiene implicaciones individuales, sino que podría abrir la puerta a un debilitamiento del matrimonio igualitario en un contexto de creciente influencia conservadora. Davis sostiene que la Primera Enmienda, que protege la libertad religiosa, la exime de responsabilidad por negarse a tramitar los matrimonios.
El caso adquiere especial relevancia debido a la composición actual del Tribunal Supremo, con seis jueces conservadores frente a tres liberales, y su tendencia a respaldar medidas de la Administración Trump. El recurso de Davis cuestiona directamente la sentencia histórica Obergefell vs. Hodges de 2015, que reconoció el derecho fundamental de las parejas del mismo sexo a casarse bajo la Decimocuarta Enmienda, obligando a los Estados a reconocer dichos matrimonios.
Según el abogado de Davis, Mathew Staver, la decisión de Obergefell constituye “una ficción jurídica” y debe ser corregida. Sin embargo, los tribunales inferiores han desestimado reiteradamente sus reclamaciones, argumentando que la Primera Enmienda no protege acciones de un funcionario estatal en el ejercicio de sus funciones.
El contexto político amplifica la tensión. Diversos Estados han promovido leyes o resoluciones para limitar el acceso a las licencias matrimoniales para personas LGTBQ+, y organizaciones conservadoras buscan revertir el fallo Obergefell, al estilo de lo ocurrido con la anulación de Roe vs. Wade en 2022. Incluso la Convención Bautista del Sur ha pedido formalmente la derogación de esta sentencia histórica.
Aunque la mayoría de los estadounidenses sigue apoyando el matrimonio igualitario —un 70% según encuestas recientes de Gallup— el respaldo ha mostrado estancamiento en los últimos años. Mientras tanto, la pareja afectada por la negativa de Davis logró casarse mediante licencias expedidas por delegación, y Kentucky eliminó los nombres de los secretarios del condado de los formularios matrimoniales para evitar futuras disputas similares.
Fuente: El País
